El Ministerio Público Fiscal investiga a los diputados nacionales de LLA por la denuncia del jefe de Anses de Metán

El fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, interino en la Fiscalía Penal 2, lleva adelante la averiguaciones necesarias a partir de la denuncia presentada por el director de la oficina de Anses de la ciudad de Metán, contra dos legisladores nacionales y un asesor político, por la presunta exigencia del pago de aportes partidarios como condición para mantener la designación en cargos políticos.

La denuncia fue formalizada el día 13 de junio, en la Oficina de Orientación y Denuncias del Ministerio Público Fiscal, y motivó el inicio de la averiguación preliminar para determinar la sospecha o no de una conducta penal.

Una grabación que se expuso en varios medios luego de que fuera difundida en FM Infinito, revela un supuesto pedido sistemático de aportes económicos —calculados como un porcentaje de los sueldos— que recae sobre empleados relacionados al partido. La conversación, entre Achaval y Ricardo Ortega, quien cumpliría funciones como recaudador del espacio libertario, deja al descubierto el mecanismo.

Achaval comenta que le había solicitado a “Alfredo” (por Olmedo) unos meses de gracia para no pagar los aportes, mientras Ortega responde que es él quien “cobra todo” y que el porcentaje solicitado es del 5%, cuando antes era del 10%. Durante el diálogo, Ortega asegura que “las chicas” le mandan los recibos de sueldos, y que todos “cobran muy bien”, justificando así el cobro del aporte. Nombra a Achaval y a Gustavo Pantaleón —ex diputado provincial y referente local del espacio— como los únicos que no estaban cum-pliendo con los pagos. Sobre este último, aclara que “lo renunciaron”.

 Otro fragmento relevante del audio señala que “la casa de La Libertad Avanza” tiene gastos ele-vados, y que se necesitan reunir alrededor de $1.500.000 para afrontar el alquiler y otros costos. 

 Ante la consulta de Achaval sobre cómo transferir el dinero, Ortega ofrece dos opciones: llevarlo a la oficina o transferirlo a una cuenta del partido Ahora Patria, con el que LLA tiene alianza en Salta. La revelación del audio provocó un fuerte revuelo interno en el espacio político salteño, aunque ningún referente consultado por el programa radial quiso brindar declaraciones al respecto.

 El silencio predominó pese a la gravedad del contenido, que podría configurar una práctica coercitiva incompatible con la ley. El caso pone bajo la lupa la transparencia y legalidad del financiamiento interno del partido libertario, y que va en sintonía con otras denuncias por manejo irregular de fondos de “distintas cajas”, en otros puntos del país y que se hicieron públicas.

 La Justicia deberá ahora determinar los pasos a seguir y corroborar si se trata de un delito de acuerdo a los antecedentes.