
Diez valijas que trajo un avión de un empresario cercano al Gobierno entraron al país sin control
Pese a la oportuna desmentida del vocero Adorni y de un comunicado de la Aduana, una investigación de la Procuraduría detectó irregularidades.
La investigación iniciada en 2017 fue archivada solo dos años después por la Unidad fiscal de Delitos Económicos Complejos. Sin embargo, el 23 de octubre último, el fiscal penal interino, Daniel Escalante, decidió desarchivar esta causa.
POLÍTICA07/07/2025La condonación de una deuda de 300 millones tras la firma de un acuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Urtubey y la EcoDesarrollo (de la familia del libertario Alfredo Olmedo) en 2017 fue uno de los motivos de la denuncia que realizaron la ex senadora provincial Gabriela Cerrano y el ex diputado provincial Claudio del Plá, ambos del Partido Obrero.
La investigación iniciada en 2017 fue archivada solo dos años después por la Unidad fiscal de Delitos Económicos Complejos. Sin embargo, el 23 de octubre último, el fiscal penal interino, Daniel Escalante, decidió desarchivar esta causa.
Los antecedentes
La historia de estas tierras fiscales comienza durante el gobierno de Miguel Ragone, quien en 1974 propuso hacer un manejo integral de bosques por parte del Estado salteño.
Ragone fue víctima de desaparición forzada en marzo de1976. Años después el ex gobernador de facto, luego elegido en democracia, Roberto Ulloa declaró a Salta Forestal sujeta a privatización. En 1999 el entonces gobernador, hoy senador nacional, Juan Carlos Romero entregó las tierras a EcoDesarrollo, empresa constituida por Alfredo Olmedo, padre del legislador del Parlasur por La Libertad Avanza, quien tiene el mismo nombre.
Ya desde aquel momento había compromisos contractuales que no se cumplieron. Con la llegada de Urtubey al gobierno, se creó la Unidad de Renegociación de Contratos (UNIREN). Y entonces se dispuso exigir el cumplimiento del pago de cánones que estaban pendientes.
En el medio “se creó una Comisión Investigadora en la Cámara” legislativa. “Pero al mes fue dada de baja”, contó Del Plá. El dirigente de izquierda sostuvo que ya en aquel momento había motivos suficientes para rescindir la cesión de las tierras, que se había hecho por un tiempo mínimo de 64 años.
La provincia reclamó la deuda a la empresa y la firma respondió denunciando a la provincia por otros incumplimientos. Para Del Plá, esto fue una fachada.
Las denuncias cruzadas terminaron en la firma de un acuerdo transaccional para dar por finalizado los juicios caratulados «Provincia de Salta c/Eco Desarrollo Salta S.A. s/acción de lesividad», Expediente Nº 5075/11 y «Eco Desarrollo Salta S.A. vs. Provincia de Salta s/contencioso administrativo», Expediente Nº 5090/11, “ambos de trámite por ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de la ciudad de Salta”, indica el decreto 24 de 2017.
Al denunciar este acuerdo tanto en la administración de Justicia como en las bancas de la Legislatura, el PO argumentó que las condonaciones de deudas solo pueden hacerse por ley y no por decreto de un gobernador.
Del Plá recordó que entonces “en una ley ómnibus, terminaron por ubicar un artículo en el cual avalaban lo actuado por Urtubey”, la millonaria condonación de deuda a una empresa también millonaria.
El reclamo judicial llegó hasta la Corte de Justicia de Salta, tribunal que rechazó la acción presentada por Del Plá y Cerrano bajo el tecnicismo de que no representaban a toda la Legislatura Provincial.
Al día de hoy todas las actuaciones sobre Salta Forestal desde su privatización continúan cuestionadas mientras los puesteros y puesteras que viven en el lugar por generaciones siguen esperando la regularización de sus tierras.
En Cadena 365 TV Del Plá aseveró que: “A lo largo de estos 27 años que lleva esa concesión y quedan bastantes años más, cada gobierno que vino perfeccionó el gobierno de los concesionarios, le quitó responsabilidades y les dio más beneficios y cuando, siendo esto tan escandaloso por nuestra insistencia del Partido Obrero dijimos que no puede ser la provincia de Salta tan pobre y la zona de Anta más pobre aún que el resto de la provincia, tenga estos predios públicos y prácticamente no tenga nada a cambio y hay una explotación privada ahí, en el año 2009 se estableció una ley y se estableció un canon para que las empresas que al día de hoy son gigantescas, de las más grandes del país, una es la dueña del banco Hipotecario, la dueña de Los Altos Shoppings del país y la principal propietaria con tierras productivas, es la empresa Cresur que el dueño tiene funcionarios dentro del gabinete de Milei, es un hombre del gobierno, después está el Grupo Ruiz, que también es un grupo muy grande dentro del noroeste, que también es dueño del Ingenio San Isidro, tres o cuatro ingenios en Tucumán, varias citrícolas son de este grupo, es decir dos grandes grupos económicos tienen las tierras productivas en concesión”.
Fuente Cadena 365
Pese a la oportuna desmentida del vocero Adorni y de un comunicado de la Aduana, una investigación de la Procuraduría detectó irregularidades.
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