El escándalo político y judicial que golpea a La Libertad Avanza en Salta sumó en las últimas horas un nuevo capítulo: por orden del juez interviniente, fueron secuestrados los teléfonos celulares de Pablo López, en el marco de la causa por extorsión, violencia de género y abuso de poder.
La medida se concretó a pedido de la fiscalía, luego de que la denunciante —una asesora que trabajaba con el exconcejal— aportara nuevas pruebas que derivaron en una batería de medidas probatorias. En su testimonio, la mujer ya había mencionado haber sido presionada por un “entorno político que lo protegía”.
Lo que encendió aún más las alarmas en el escenario político salteño fue la mención de la diputada nacional Emilia Orozco en el expediente. Según una fuente con acceso directo a la causa, “hay elementos que sugieren que Orozco sabía lo que estaba ocurriendo”, y no habría actuado en consecuencia.
Sospechas de encubrimiento
De acuerdo con la hipótesis judicial, la legisladora nacional y referente de La Libertad Avanza habría tenido conocimiento previo de las conductas atribuidas a López, y habría intentado sostenerlo políticamente incluso después de la viralización de los audios en los que el exconcejal le pedía favores sexuales a su asesora a cambio de dinero.
La fiscalía ya inició peritajes sobre los dispositivos electrónicos incautados. Se busca establecer si existen mensajes, audios u otros archivos que confirmen o descarten la posible complicidad o encubrimiento.
La Libertad Avanza busca despegarse
El escándalo detonó una crisis interna en el espacio libertario. Luego de la difusión de los audios, Pablo López fue expulsado “por unanimidad” del partido en Salta. El presidente provincial del espacio, Eduardo Virgili, fue tajante: “No vamos a justificar ni proteger a nadie que se aparte de los valores que nos sostienen”.
La frase “el que las hace, las paga”, usada habitualmente por el presidente Javier Milei, fue replicada como respuesta institucional. Sin embargo, las miradas ahora apuntan a una de las figuras más visibles de LLA en el Congreso, en un caso que podría tener impacto nacional.
Investigación
No se descartan nuevas citaciones, ampliaciones de la imputación ni nuevas medidas judiciales. La causa no solo expone un caso grave de violencia de género y abuso de poder, sino también las tensiones internas de un espacio político que, en plena expansión nacional, enfrenta una tormenta judicial con derivaciones imprevisibles
Por otro lado, muchos piensan también que, lejos de negar el indebido comportamiento del concejal, existieron previamente charlas íntimas con la denunciante con consentimiento, cuestión que va esclarecerse en las próximas horas.
Fuente: InformateSalta
Legisladores alertaron sobre la inactividad de María Emilia Orozco y celebraron la reunión autoconvocada para repudiar ataques a la libertad de prensa en Argentina.
El gobernador radical plebiscitó su gestión y su hermano ganó por más de 30 puntos. La Libertad Avanza quedó cuarta y pagó caro su ruptura con un aliado provincial.
El juez Sebastián Casanello ordenó el viernes a la secretaria de Trabajo de la Nación que le mandé todos los mails institucionales en que se hable de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores de trabajadores rurales (UATRE) o su obra social OSPRERA en la causa en que se investiga si hubo un “plan criminal” para intervenir judicialmente ese gremio, uno de los más grandes del país con 700 mil afiliados.
La secretaria general de Presidencia ya había sido mencionada en otras grabaciones, pero aún no se había escuchado material adjudicado a ella sino sólo a Diego Spagnuolo.
Ante los ataques de los militantes de la oposición, decidieron terminar el acto. Espert se fue en moto, mientras que el Presidente y su hermana se fueron en otra camioneta
Jarsún manifestó su descontento con la falta de reciprocidad por parte del gobierno nacional, a pesar del respaldo que el gobernador Gustavo Sáenz ha brindado en diversas medidas.
