El escándalo político y judicial que golpea a La Libertad Avanza en Salta sumó en las últimas horas un nuevo capítulo: por orden del juez interviniente, fueron secuestrados los teléfonos celulares de Pablo López, en el marco de la causa por extorsión, violencia de género y abuso de poder.
La medida se concretó a pedido de la fiscalía, luego de que la denunciante —una asesora que trabajaba con el exconcejal— aportara nuevas pruebas que derivaron en una batería de medidas probatorias. En su testimonio, la mujer ya había mencionado haber sido presionada por un “entorno político que lo protegía”.
Lo que encendió aún más las alarmas en el escenario político salteño fue la mención de la diputada nacional Emilia Orozco en el expediente. Según una fuente con acceso directo a la causa, “hay elementos que sugieren que Orozco sabía lo que estaba ocurriendo”, y no habría actuado en consecuencia.
Sospechas de encubrimiento
De acuerdo con la hipótesis judicial, la legisladora nacional y referente de La Libertad Avanza habría tenido conocimiento previo de las conductas atribuidas a López, y habría intentado sostenerlo políticamente incluso después de la viralización de los audios en los que el exconcejal le pedía favores sexuales a su asesora a cambio de dinero.
La fiscalía ya inició peritajes sobre los dispositivos electrónicos incautados. Se busca establecer si existen mensajes, audios u otros archivos que confirmen o descarten la posible complicidad o encubrimiento.
La Libertad Avanza busca despegarse
El escándalo detonó una crisis interna en el espacio libertario. Luego de la difusión de los audios, Pablo López fue expulsado “por unanimidad” del partido en Salta. El presidente provincial del espacio, Eduardo Virgili, fue tajante: “No vamos a justificar ni proteger a nadie que se aparte de los valores que nos sostienen”.
La frase “el que las hace, las paga”, usada habitualmente por el presidente Javier Milei, fue replicada como respuesta institucional. Sin embargo, las miradas ahora apuntan a una de las figuras más visibles de LLA en el Congreso, en un caso que podría tener impacto nacional.
Investigación
No se descartan nuevas citaciones, ampliaciones de la imputación ni nuevas medidas judiciales. La causa no solo expone un caso grave de violencia de género y abuso de poder, sino también las tensiones internas de un espacio político que, en plena expansión nacional, enfrenta una tormenta judicial con derivaciones imprevisibles
Por otro lado, muchos piensan también que, lejos de negar el indebido comportamiento del concejal, existieron previamente charlas íntimas con la denunciante con consentimiento, cuestión que va esclarecerse en las próximas horas.
Fuente: InformateSalta
El concejal Gustavo Farquharson pidió rechazar la renuncia de Pablo López y avanzar con un juicio político por las graves denuncias que enfrenta.
Una militante del mismo espacio político denunció públicamente a Pablo López, ex concejal de La Libertad Avanza, por una serie de hechos estremecedores de violencia de género. Relató agresiones físicas, abuso sexual, manipulación económica y amenazas constantes. El testimonio expone un entramado de maltrato sostenido durante meses.
Tras las denuncias que se realizaron ante la Justicia contra el exconcejal de La Libertad Avanza, la ministra de Educación, Cristina Fiore, dispuso de manera inmediata las medidas correspondientes.
El espacio libertario en Salta difundió un comunicado en el que asegura que no ampara ni protege a dirigentes señalados por hechos de gravedad. El caso ya se encuentra en manos de la Justicia.
Luego de ser denunciado por extorsión y violencia de género, el concejal libertario presentó su renuncia al cargo. Más temprano, un comunicado de LLA advertía que no ampararían a “quienes comprometan la honorabilidad del espacio”.
Se filtró un audio entre el concejal Pablo López y una mujer de su partido que revela retenciones de sueldo y pedidos sexuales a cambio de dinero. La justicia le entregó a la denunciante un botón antipánico.
