Imputaron al exdiputado Emiliano Estrada por abuso de autoridad y uso de recursos públicos para una red de fake news

La Justicia federal de Salta avanzó contra el ex legislador kirchnerista tras el vencimiento de sus fueros. Lo acusan de haber financiado con fondos estatales una estructura de videos anónimos en redes sociales para instalar denuncias falsas contra el gobierno provincial.

POLÍTICA19/12/2025Juan Cruz GorositoJuan Cruz Gorosito
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La Justicia federal de Salta imputó este jueves al ex diputado nacional Emiliano Estrada por los delitos de abuso de autoridad y peculado de servicios, en una causa que investiga el presunto montaje de una usina de fake news durante su mandato legislativo. Según la acusación, la maniobra habría sido financiada con recursos públicos y ejecutada por asesores del Congreso Nacional.

La imputación se concretó luego de meses de demoras provocadas por los fueros parlamentarios que protegían al entonces legislador. Recién tras el vencimiento de su mandato, el pasado 10 de diciembre, la Justicia pudo avanzar formalmente. El pedido de desafuero había sido impulsado en junio por el fiscal general Carlos Martín Amad, pero una serie de incidentes procesales, apelaciones e inhibiciones de competencia postergaron la resolución hasta el final del período legislativo.

La decisión fue adoptada por la jueza federal de Garantías N°2 de Salta, Mariela Giménez, quien hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal. La causa se originó a partir de una derivación de la Justicia provincial, luego de que la Fiscalía de Ciberdelincuencia detectara la producción y difusión de videos anónimos en redes sociales que vinculaban al gobierno salteño con actividades relacionadas al narcotráfico.

De acuerdo con la investigación, esos contenidos habrían sido encargados por Estrada a dos asesores legislativos que ocupaban cargos rentados en el Congreso de la Nación, utilizando recursos del Estado para su realización y difusión. Para la fiscalía, el objetivo era instalar temor social y sospechas de connivencia entre autoridades provinciales y el crimen organizado.

Durante la audiencia de formalización, el fiscal Amad subrayó que la imputación no cuestiona la libertad de expresión política, sino el presunto desvío de fondos públicos y el abuso de poder para financiar campañas anónimas con fines de manipulación de la opinión pública. Remarcó además que estas conductas exceden las prerrogativas parlamentarias y vulneran la Ley de Ética Pública.

En el marco de la misma causa, dos ex colaboradores de Estrada —Florencia Arias Bustamante y Javier Alonso Allemand— reconocieron su participación en los hechos y fueron condenados mediante un juicio abreviado tramitado en la Justicia provincial.

Estrada participó de la audiencia de manera remota, optó por no declarar y, a través de su defensa, presentó un planteo de nulidad que fue rechazado por la jueza. Según la resolución, los argumentos no aportaron elementos nuevos y se limitaron a reiterar cuestionamientos ya analizados en etapas previas del proceso. La defensa también alegó persecución política, postura que fue refutada por el fiscal, quien sostuvo que las normas éticas obligan a todo funcionario público a responder ante la Justicia ante posibles delitos.

Finalmente, la jueza Giménez señaló que, una vez formalizada la imputación, la defensa cuenta con plenas garantías para proponer pruebas y ejercer el derecho de defensa, en el marco de un proceso que continuará su curso en el ámbito federal.

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