Durante la audiencia quedó de manifiesto que, a un interno que cometió una falta grave, el Consejo Correccional le concedió el beneficio de extramuros.
SALTA21/08/2025
Juan Cruz Gorosito
A pedido de una de las defensas, un testigo reconoció su firma en un acta individual de un interno, en la que se aprobaba su pedido de trabajo extramuros. La Fiscalía presentó otro documento que consignaba que, al mismo interno, se le había secuestrado un celular, dos chips y un cargador, y cuestionó cómo se le había otorgado el beneficio apenas cinco meses después de haber cometido una falta grave, señalando posibles inconsistencias en los registros y en la evaluación de conductas_
En una nueva jornada del juicio seguido contra funcionarios del Servicio Penitenciario de Salta, internos y familiares declararon tres nuevos testigos. El Ministerio Público Fiscal está representado por la Unidad Fiscal integrada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto. El Tribunal de Juicio lo conforman los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar.
El primero en declarar fue un auxiliar administrativo del Consejo Correccional del Servicio Penitenciario, quien en el período investigado trabajó junto al acusado Sergio Guaymás, secretario de actas.
Declaró que en 2021 se confeccionaron algunas actas generales, mientras que en 2022 no se realizaron. Precisó que Guaymás ordenó confeccionar todas las actas generales de ese año el mismo día en que fue relevado como secretario de actas.
Luego, la defensa presentó como testigo a un investigador de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), dependiente del Departamento de Investigación y Criminología del CIF, quien en esa ocasión cumplía funciones de chofer durante una vigilancia sobre una de las imputadas. El testigo relató que, en la tarde del 1 de diciembre, mientras permanecía en un automóvil frente al domicilio de María Inés Méndez, observó la llegada de Luis Castaño con una mochila negra. Señaló que el hombre ingresó a la vivienda y que al salir, además de la mochila, portaba una bolsa de tela blanca con vivos rojos. Posteriormente, Castaño fue seguido hasta un inmueble que se corroboró como su residencia.
Finalmente, la defensa de otro de los acusados convocó a declarar a un alcaide del Servicio Penitenciario, quien en 2022 se desempeñaba como jefe del penal. Afirmó que tanto Bisceglia como Castaño cumplieron sus funciones sin sanciones disciplinarias y que nunca tuvo conflictos con la exdirectora Carina Torres.
A pedido de una defensora, el testigo reconoció su firma y procedió a leer el acta individual de un interno, fechada el 23 de septiembre de 2021. En ella se consignaban los antecedentes del detenido y se concluía con la aprobación de su pedido de trabajo extramuros. El documento enumeraba a los funcionarios que habían intervenido en la reunión del Consejo, aunque el testigo reconoció que sólo figuraban su rúbrica —como presidente en esa ocasión— y la de otro integrante. Respecto del acta general correspondiente a esa sesión, dijo desconocer si había sido confeccionada.
La Fiscalía le preguntó qué ocurría cuando a un interno se le incautaba un elemento prohibido. Respondió que se trataba de una falta grave sancionada disciplinariamente y que, por cada cinco días de sanción, se descontaba un punto en la calificación de conducta.
En ese momento, se le pidió leer un acta fechada el 31 de marzo de 2021, en la que constaba que al mismo interno se le habían secuestrado un teléfono celular, dos chips y un cargador. En otro documento, se establecía que, a pesar de la incautación de esos elementos, el interno no recibiría ninguna sanción.
Frente a esa evidencia, el Ministerio Público consultó cómo había sido posible que, apenas cinco meses después de haber cometido una falta grave, se le otorgara igualmente el beneficio solicitado.
El rol del Consejo Correccional
De acuerdo con lo señalado por numerosos testigos a lo largo del debate, el Consejo Correccional es el órgano colegiado encargado de evaluar el tratamiento penitenciario y dictaminar sobre los beneficios a los que pueden acceder los internos. Para emitir resoluciones analiza la progresividad de la pena, informes criminológicos, psicológicos, médicos y sociales, así como la calificación de conducta y concepto, que constituye un indicador central sobre la evolución personal y la posibilidad de reinserción social.
El cuerpo está presidido por el vicedirector del penal y lo integran responsables de distintas áreas. Los jefes de pabellón participan en calidad de informantes sobre el comportamiento cotidiano de los detenidos. Según lo expuesto en la audiencia, las calificaciones de conducta y concepto se realizan trimestralmente bajo escalas reglamentadas y pueden verse modificadas por sanciones disciplinarias. Estas evaluaciones resultan determinantes para definir el acceso a beneficios como salidas transitorias, régimen de semilibertad, trabajo extramuros o programas de prelibertad.
Las reuniones del Consejo son semanales y deben quedar registradas en un Acta General suscripta por todos los asistentes, además de actas individuales por cada interno tratado. En estas últimas se consignan antecedentes, informes y la decisión adoptada. Cuando el Consejo emite un dictamen favorable, el acta se eleva al director del penal.
También reconoció que existen problemas de consumo en la población carcelaria. Otros testigos se refirieron a hechos de violencia y secuestro de sustancias en el penal.
Ocurrió en Av. del Carnaval, de la zona sur de la ciudad. La mujer, de 22 años, fue trasladada de urgencia al hospital San Bernardo en código rojo, mientras personal de Criminalística, Bomberos y la Policía trabajaron en la escena para esclarecer lo sucedido.
Continúa la recepción de pruebas testimoniales en el juicio seguido contra veinte personas imputadas como miembros de una red narcocriminal que operaba en la Unidad Carcelaria 1.
También declaró un exinterno de la Unidad Carcelaria 1, quien identificó a miembros del Servicio Penitenciario e internos involucrados en la venta de estupefacientes y en la obtención de beneficios. Relató numerosas vejaciones, humillaciones y amenazas.
El titular de Aguas del Norte, Ignacio Jarsún, junto al intendente de San Lorenzo, Manuel Saravia, pusieron en marcha la nueva fuente de abastecimiento que beneficia a unos 3.000 vecinos de diferentes barrios de la zona.
El tribunal prosiguió con la recepción de declaraciones testimoniales en el juicio seguido contra veinte personas acusadas de conformar una organización narcocriminal que operaba desde la Unidad Carcelaria 1.
