Red narcocriminal carcelaria: La fiscalía solicita penas de hasta 12 años de prisión

La Unidad Fiscal presentó su alegato final en el juicio contra veinte imputados acusados de integrar una red de narcotráfico operativa dentro de la Unidad Carcelaria 1. Las penas solicitadas varían entre los 2 y los 12 años de prisión, además de multas y el análisis de reincidencia en algunos casos.

SALTA12/09/2025Juan Cruz GorositoJuan Cruz Gorosito
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La jornada de este jueves en la causa contra los veinte imputados por formar parte de una red narcocriminal que operaba dentro de la Unidad Carcelaria 1 continuó con la exposición de los fiscales, encabezados por el Procurador General Pedro García Castiella. El juicio, que se desarrolla ante el Tribunal de Juicio de la Sala VII, llegó a una nueva etapa clave con el alegato de la fiscalía.

Durante su intervención, el Procurador García Castiella subrayó la importancia de respetar los derechos humanos de las personas privadas de libertad, afirmando que "cuando atraviesan la puerta del penal no dejan su condición de seres humanos". Esta reflexión estuvo en línea con la postura de la fiscalía, que ha venido sosteniendo la gravedad de los delitos cometidos por los acusados, todos ellos vinculados a la comercialización de estupefacientes y otros delitos graves dentro de la cárcel.

En su exposición, la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio solicitó penas que abarcan un rango desde los 2 hasta los 12 años de prisión para los imputados. Entre los casos más destacados, se encuentran las solicitudes de penas de 12 años de prisión y multa para F.A.B., acusado de comercialización de estupefacientes y exacciones ilegales, y de 11 años y ocho meses de prisión para S.F.M., quien enfrenta cargos similares.

A lo largo de la audiencia, la fiscalía también destacó el rol de varios funcionarios del Servicio Penitenciario que se encuentran entre los acusados. La figura de los exámenes ilegales y el abuso de poder fueron citados como agravantes en varios casos, como el de L.R.C., quien enfrenta una pena de ocho años y seis meses por su participación en la comercialización de estupefacientes y otros hechos de corrupción dentro del penal.

En cuanto a los imputados que desempeñaban funciones dentro del sistema penitenciario, el tribunal deberá considerar si corresponde aplicar el agravante de reincidencia, en algunos casos debido a sus antecedentes penales. La fiscalía también solicitó que los imputados sean trasladados a las cárceles donde cumplen prisión preventiva, y que se revoque la prisión domiciliaria de dos de las imputadas, a quienes se les ha solicitado penas elevadas.

Respecto de dos acusados, J.J.V. y S.A., la fiscalía retiró las acusaciones en su contra y solicitó su absolución, lo que llevó al tribunal a ordenar la liberación inmediata de ambos imputados.

Al cierre de su alegato, la fiscal Salinas Odorisio expresó su firme posición: "Donde hubo corrupción y donde hubo impunidad debe haber justicia", en un mensaje claro sobre la necesidad de sancionar a todos los responsables de la red narcocriminal dentro de la cárcel.

En esta etapa del juicio, los alegatos de la defensa también comenzaron a ser presentados, entre ellos los de un funcionario del Servicio Penitenciario acusado de complicidad con la organización. El veredicto, inicialmente previsto para el martes 23 de septiembre, será dictado una vez que se completen todas las intervenciones de las partes involucradas.

El tribunal está compuesto por los jueces Federico Diez (presidente), Paola Marocco y Javier Aranibar, quien ocupa el cargo de vocal interino. La atención está ahora centrada en la decisión final del tribunal, que determinará la responsabilidad de los imputados en este complejo caso de narcotráfico y corrupción dentro de un establecimiento penitenciario.

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