
La Justicia investiga si Milei y su hermana tuvieron contacto con los impulsores de la criptomoneda
Juan Cruz Gorosito

La causa que investiga posibles maniobras ilegales en torno a la criptomoneda $Libra sumó este miércoles un nuevo capítulo. El fiscal federal Eduardo Taiano ordenó un análisis exhaustivo del contenido de los dispositivos electrónicos secuestrados en el expediente, con el objetivo de establecer si el presidente Javier Milei y su hermana, Karina Milei, tuvieron algún tipo de comunicación con los principales impulsores de la criptodivisa.
La medida apunta directamente a dilucidar si existieron contactos —antes, durante o después del lanzamiento de la moneda digital— con figuras clave del caso, como Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Los tres están bajo investigación por presunto uso de información privilegiada y manipulación del mercado a través de un esquema de tipo “pump and dump”.
El procedimiento técnico será llevado adelante por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico (DATIP), que trabajará sobre teléfonos y computadoras incautados el pasado 6 de marzo. Entre los equipos se encuentran un iPhone 16 Pro Max, una MacBook Air y un pendrive pertenecientes a Novelli y al exasesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sergio Morales.
Según se detalló, los peritajes incluirán el rastreo de mensajes, imágenes, documentos y aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Telegram, Instagram y X. También se buscarán registros vinculados a billeteras virtuales, exchanges de criptomonedas y posibles intentos de eliminación de pruebas. De manera puntual, el fiscal dispuso que se analicen conversaciones asociadas a términos como “$libra”, “solana”, “rug pull” o “pump and dump”, y que se revisen las líneas telefónicas registradas a nombre del Presidente y su hermana.
La causa $Libra se inició tras el repentino ascenso y colapso de una memecoin promocionada en redes sociales, que generó sospechas de maniobras fraudulentas. La investigación busca determinar si existió un uso indebido de información sensible o participación de funcionarios o allegados en operaciones especulativas. Con esta nueva medida, la Justicia pone el foco en el entorno presidencial y avanza sobre uno de los casos más sensibles que cruzan la política con el mundo cripto.





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