El Senado aprobó el nuevo Código Procesal Penal y lo envió al Ejecutivo para su promulgación

La Cámara Alta dio sanción definitiva a la reforma que moderniza el sistema penal provincial, con eje en la oralidad, la transparencia y la separación de funciones entre investigar y juzgar. Legisladores destacaron que la actualización es el cierre de un proceso iniciado en 2011.

POLÍTICA14/11/2025Juan Cruz GorositoJuan Cruz Gorosito
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En sesión ordinaria, el Senado de la Provincia aprobó en definitiva el proyecto de ley que establece el nuevo Código Procesal Penal, una reforma integral que busca actualizar y modernizar el funcionamiento de la Justicia penal salteña. La iniciativa ahora quedó en condiciones de ser promulgada por el Poder Ejecutivo.

Al presentar el texto, el representante por La Poma, Dani Nolasco, sostuvo que el nuevo código “constituye una respuesta técnica, política e institucional para modernizar el servicio de Justicia penal y dotarlo de mayor transparencia y eficacia, características que la sociedad reclama”. Según explicó, la reforma es la culminación de un proceso progresivo iniciado en 2011 y orientado a adaptar el sistema penal a estándares contemporáneos.

Uno de los pilares del cambio es la oralidad plena, que —según Nolasco— “garantiza la participación del ciudadano” y permite que toda la producción de prueba se realice frente al juez o tribunal que dictará sentencia. También remarcó que el nuevo esquema habilita al Ministerio Público Fiscal a prescindir del ejercicio de la acción penal en casos que no comprometan el interés público, lo que facilita la aplicación de criterios de oportunidad y una mejor administración de los recursos estatales.

El legislador destacó además que el proyecto es resultado de un extenso proceso de diálogo con profesionales del derecho, lo que —dijo— le otorga un respaldo interinstitucional sólido. Entre los avances centrales mencionó la separación de las funciones de investigar y juzgar, la reafirmación de garantías como el juicio previo, la presunción de inocencia y el derecho a defensa. A esto se suma un marco legal más robusto para los derechos de las víctimas, que podrán intervenir activamente en el proceso.

Para Nolasco, la reforma no solo actualiza la normativa a los estándares constitucionales vigentes, sino que sienta las bases de “un sistema más moderno, ágil y eficaz”, orientado a responder con mayor eficiencia a las demandas de la ciudadanía.

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