El Presupuesto 2026, aprobado en el Congreso de la Nación, fue la pieza central del debate político y económico de cierre de año. Con un articulado extenso y definiciones que excedieron el cálculo de gastos y recursos, fijó las principales pautas de la política fiscal, financiera y presupuestaria para el próximo ejercicio. A continuación, los puntos clave del texto que obtuvo luz verde en el Senado.
Equilibrio fiscal como eje del proyecto
La ley de leyes vuelve a tener como principio rector el equilibrio de las cuentas públicas. El oficialismo ratificó que no habrá déficit fiscal y que el resultado financiero será consistente con la estrategia de ordenamiento macroeconómico que impulsa el Ejecutivo desde el inicio de la gestión.
Desde el Gobierno remarcaron que el proyecto que se discutió en el Senado no incorporó modificaciones respecto del texto aprobado en Diputados. “No se cambió ni una coma”, señalaron fuentes oficiales durante el tratamiento legislativo, al descartar negociaciones de último momento que alteren las metas fiscales.
La iniciativa consolida la política de contención del gasto público y mantiene límites estrictos a la expansión presupuestaria, con el objetivo de evitar desvíos durante el año electoral.
Los números económicos
Como todos los años, el proyecto de Presupuesto incluyó la proyección de parte del Gobierno sobre una serie de variables económicas. Una de las más destacadas es la que hace referencia al nivel de actividad económica. Según el Ejecutivo, el Producto Bruto Interno (PBI) crecerá 5% durante el 2026.
Por su parte, se estima que la inflación será de 10,1% para todo el año y que el dólar llegará a diciembre en un valor de $1.423. Es decir, por debajo de la cotización mayorista actual, que se ubica en $1.452,50.
Facultades para el manejo de la deuda pública
Uno de los artículos más relevantes del Presupuesto 2026 es el que habilita al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de administración de la deuda pública. El texto autoriza al Ministerio de Economía a efectuar canjes, reestructuraciones y otras operaciones financieras destinadas a mejorar el perfil de vencimientos.
Según explicó el Gobierno, esta herramienta apunta a “ordenar los compromisos del Tesoro y reducir riesgos financieros”, sin incrementar el stock de deuda. La oposición cuestionó este punto al considerar que amplía las facultades del Ejecutivo, mientras que el oficialismo defendió su inclusión como una práctica habitual en los presupuestos de años anteriores.
Reasignación de partidas y control del gasto
El Presupuesto contempla mecanismos que permiten reasignar partidas presupuestarias dentro de determinados límites. Estas facultades buscan otorgar flexibilidad a la administración nacional para responder a contingencias sin alterar el equilibrio general del presupuesto.
Desde el Ejecutivo sostienen que las reasignaciones no implican un aumento del gasto total, sino una redistribución interna de recursos ya aprobados por el Congreso. “El gasto está cerrado”, insistieron funcionarios durante el debate parlamentario.
