Juan Cruz Gorosito
La provincia de Salta dio un paso inédito en materia de control institucional y transparencia. El gobernador Gustavo Sáenz firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece la obligatoriedad del examen toxicológico para funcionarios públicos y aspirantes a cargos estatales, una medida que busca reforzar los estándares de idoneidad en el ejercicio de la función pública.
El anuncio fue realizado este lunes por la vocera del Gobierno provincial, Paula Benavides, durante una conferencia de prensa brindada en la sala “Javier Lamas” del Centro Cívico Grand Bourg. Allí, la funcionaria remarcó que el decreto marca “un punto de inflexión” en la política salteña y reafirma el compromiso oficial con una transparencia efectiva.
Benavides explicó que el DNU alcanza a todos los poderes del Estado sin excepciones. En el Poder Ejecutivo incluye al gobernador, vicegobernador, ministros y secretarios; en el Legislativo, a diputados y senadores; y en el Judicial y el Ministerio Público, a jueces, fiscales y ministros de la Corte. La norma también se extiende a intendentes y concejales en el ámbito municipal, así como a todas las personas que aspiren a ingresar al Estado provincial.
Según detalló la vocera, los controles se realizarán de manera aleatoria y sorpresiva en los lugares de trabajo, y estarán orientados a detectar la presencia de sustancias psicoactivas prohibidas como cocaína, cannabinoides, opioides y anfetaminas, entre otras. El procedimiento, aclaró, garantizará el respeto por la privacidad, el debido proceso y la posibilidad de contrapruebas en laboratorios habilitados.
El decreto establece además que la negativa injustificada a someterse al examen será considerada automáticamente como un resultado positivo. En los casos confirmados, se avanzará con la remoción del cargo o con la activación de los mecanismos constitucionales de juicio político y destitución, según corresponda. Para quienes aspiren a ingresar al Estado, un resultado positivo impedirá directamente su incorporación a áreas como seguridad, salud, educación y el resto de la administración pública.
Benavides subrayó que la iniciativa responde a una concepción integral de la función pública. “No alcanza con la capacidad técnica para gobernar; se requiere también una aptitud moral e integridad física y psíquica irreprochables”, señaló, en línea con lo establecido por la Constitución provincial.
Con esta decisión, el Gobierno de Salta busca consolidar una política sin ambigüedades, orientada a fortalecer la confianza ciudadana y garantizar que la gestión pública esté en manos de personas plenamente aptas para asumir responsabilidades institucionales.
