Juan Cruz Gorosito
La Justicia argentina dio este miércoles un paso de alto impacto político y judicial al solicitar formalmente a los Estados Unidos la extradición de Nicolás Maduro, en el marco de una causa que investiga graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela.
La medida fue dispuesta por el juez federal Sebastián Ramos, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2, luego de recibir información judicial que indica que el mandatario venezolano habría sido detenido y trasladado bajo custodia a territorio estadounidense. Ante ese escenario, los tribunales de Comodoro Py buscan que Maduro sea llevado a la Argentina para prestar declaración indagatoria.
En su resolución, Ramos ordenó librar un exhorto internacional a las autoridades competentes de los Estados Unidos, amparado en el Tratado de Extradición bilateral firmado en 1997. El objetivo es avanzar con el proceso penal abierto en el país y dar cumplimiento a la indagatoria previamente ordenada por la Cámara Federal porteña.
La causa se apoya en la aplicación del principio de justicia universal, que habilita a los Estados a juzgar delitos de extrema gravedad —como torturas, desapariciones forzadas y persecuciones políticas— cuando en el país donde ocurrieron no existen garantías judiciales. Según los fundamentos de la Justicia argentina, en Venezuela el Poder Judicial se encuentra subordinado al Poder Ejecutivo.
El expediente se inició a partir de denuncias de organizaciones internacionales de derechos humanos y testimonios de víctimas del régimen chavista refugiadas en la Argentina. Con el exhorto ya firmado, la definición final queda ahora en manos de las autoridades estadounidenses, que deberán evaluar la viabilidad del pedido de extradición.
