
La familia analiza demandar al Estado y advierte que podría haber más encubridores
Axel Morales
Los abogados de la familia, Sol Pastrana y Federico Banni, confirmaron que analizan iniciar una demanda contra el Estado por lo que consideran una grave falla en los mecanismos de protección para víctimas de violencia de género.
“Desde el año 2021 ella estaba denunciando una serie de hechos de violencia de género. Se dispusieron medidas de prohibición de acercamiento que fueron violentadas en reiteradas oportunidades”, explicó el abogado Federico Vanni.
Según la querella, esas situaciones debieron derivar en imputaciones por desobediencia judicial y en medidas más firmes para proteger a la víctima. “En cada posibilidad que tuvo Natalia de denunciar, el Ministerio Público debió imputar por desobediencia a Serapio, o por lo menos investigar y acompañarla en este proceso tan difícil”, sostuvo el letrado.
Uno de los puntos más graves señalados por la defensa de la familia es lo ocurrido el mismo día del femicidio. Natalia había estado en la comisaría de Campo Quijano alrededor de las 13. Allí se le notificó que tendría consigna policial en su domicilio.
Pero esa medida nunca se cumplió. “A ella le dijeron que le iban a poner una consigna fija. En las palabras que ella le contó a su hermana, el personal policial le expresó que no tenían personal para cubrir esa consigna”, reveló la abogada Sol Pastrana. Horas después, Natalia fue asesinada. La escena del crimen está bajo cuestionamiento.
Los abogados también se refirieron a lo ocurrido tras el ataque, “la familia de Orlando Serapio entró a la casa durante y después que Natalia fue atacada. Para colmo la policía llegó 40 minutos tarde, después que trasladaron a Natalia sin signos vitales”.La investigación ahora se centra en la recolección de pruebas fundamentales. “Se están produciendo testimoniales, pericias y análisis de los teléfonos secuestrados, entre ellos el de Natalia y también del personal policial que debería haber estado cumpliendo la consigna fija y no lo hizo”, explicó Pastrana. Además se analizarán registros de guardia y comunicaciones, elementos que podrían determinar el incumplimiento en el servicio policial.


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