Juan Cruz Gorosito
La causa conocida como la de los “piratas del asfalto”, que investiga la detención de un grupo de personas en la Ruta Nacional 16, volvió a quedar en manos de la Justicia de Metán luego de un duro pronunciamiento de la Justicia Federal, que cuestionó el tratamiento inicial del caso.
La audiencia se realizó este lunes 16 de marzo de 2026 en el Juzgado Federal de Salta, con la intervención de los jueces de revisión Alejandro Castellanos, Guillermo Elías y Mariana Catalano. Allí se analizaron las actuaciones que habían sido giradas al fuero federal tras una declaración de incompetencia de la Justicia provincial.
El hecho se remonta al 13 de febrero, cuando fuerzas de seguridad detuvieron a varios hombres en cercanías de El Galpón. Según informó el Ministerio Público Fiscal, los sospechosos simulaban un control vehicular utilizando indumentaria similar a la de fuerzas federales. Entre los elementos secuestrados había conos, chalecos refractarios, chalecos antibalas y prendas con inscripciones oficiales.
A partir de esos elementos, la Fiscalía Penal N° 2 de Metán consideró que el caso debía pasar a la órbita federal, criterio que fue avalado por el Juzgado de Garantías N° 2, a cargo de Mario Dilascio. En un primer momento, el Juez Federal Julio Bavio aceptó la competencia, aunque la decisión fue posteriormente impugnada por el fiscal federal Ricardo Toranzos.
Finalmente, el tribunal de revisión resolvió que la causa debía regresar a la Justicia provincial, al considerar que no existían fundamentos sólidos para sostener la intervención federal.
Durante la audiencia, los magistrados federales expresaron fuertes críticas al encuadre jurídico inicial. La jueza Mariana Catalano sostuvo que la calificación legal “es un rejunte de imputaciones” y advirtió sobre “falta de claridad en los hechos” y la utilización de figuras penales “sin demasiado criterio”. Además, cuestionó el procedimiento, el secuestro de elementos y las detenciones, concluyendo que el caso debía volver a Metán.
En la misma línea, el juez Alejandro Castellanos remarcó que la declaración de incompetencia no puede basarse en “meras conjeturas”, sino en hechos concretos y debidamente comprobados. “Nada fue precisado”, afirmó.
Las defensas también se manifestaron en duros términos. El defensor oficial federal Martín Bomba Royo calificó como “rayana inconducta” la actuación del juez provincial, mientras que el abogado Víctor Gomes aseguró que en la causa “solo existen hipótesis complejas sin sustento fáctico ni jurídico”. Además, sostuvo que el conflicto de competencia se originó por elementos que no justificaban la intervención federal, recordando que este fuero es de carácter excepcional.
Con esta resolución, el expediente retorna a la Justicia de Metán, donde deberá continuar su curso y avanzar en la investigación de los hechos.
