Juan Cruz Gorosito
La muerte de su esposa derivó para un vecino de San José de Metán en un conflicto que terminó con una denuncia formal ante Defensa del Consumidor y abrió un fuerte debate sobre el funcionamiento de algunos servicios funerarios privados en la provincia.
Alejandro Moyano denunció públicamente que una empresa de sepelios le habría negado la cobertura funeraria pese a que, según afirmó, venía abonando el servicio de manera mensual desde septiembre del año pasado mediante débito automático.
El hecho ocurrió horas después del fallecimiento de su esposa, cuando el hombre acudió a solicitar la prestación funeraria. Según relató, lejos de obtener una respuesta inmediata, comenzó una serie de exigencias que finalmente derivaron en la negativa del servicio.
De acuerdo a su testimonio, la empresa le solicitó dos garantes, documentación adicional y posteriormente condicionó la prestación al pago de una suma cercana a los 4 millones y medio de pesos, además de una aprobación administrativa interna.
Moyano explicó que cuando contrató el plan había consultado por los plazos de carencia y entendía que, luego de varios meses de aportes, el servicio podía utilizarse con normalidad.
La situación se volvió aún más dolorosa debido al proceso de salud que atravesó su esposa. Según contó, las complicaciones médicas comenzaron meses después de haber contratado el servicio. Primero fue intervenida quirúrgicamente por una hernia de disco y, durante esa operación, los médicos detectaron un tumor. El diagnóstico de cáncer llegó recién en enero de este año.
“¿Cómo iba a saber que mi esposa se iba a enfermar?”, cuestionó el hombre, quien además aseguró haber recibido un trato “sin empatía” durante el momento más crítico.
Sin poder afrontar el monto que le exigían, señaló que recurrió a la ayuda del intendente José María Issa, quien colaboró con los gastos funerarios para que pudiera realizar el velatorio.
La denuncia también apunta a las condiciones con las que se incorporan nuevos afiliados. Moyano sostuvo que meses atrás sumó a un familiar al mismo servicio y que nunca le solicitaron estudios médicos ni antecedentes clínicos.
El caso ya fue presentado ante Defensa del Consumidor, donde le asignaron una audiencia para el próximo 8 de junio. Sin embargo, el vecino pidió que el trámite pueda acelerarse y aseguró que, tras hacer pública su situación, recibió mensajes de otras familias que habrían atravesado experiencias similares.
La denuncia provocó repercusión en Metán y volvió a poner en discusión el rol y la respuesta de los servicios funerarios privados frente a situaciones límite, en momentos donde muchas familias deben enfrentar no solo el dolor de una pérdida, sino también dificultades económicas y administrativas para despedir a un ser querido.
