Juan Cruz Gorosito
El Ente Regulador de los Servicios Públicos resolvió aplicar una multa de 80 millones de pesos al fideicomiso Urbanización Vía Aurelia por reiteradas irregularidades en el tratamiento de líquidos cloacales y por el impacto ambiental generado sobre el río Arenales.
La sanción fue dictada luego de un proceso administrativo que incluyó medidas cautelares, una audiencia conciliatoria y distintos requerimientos vinculados al funcionamiento del sistema de saneamiento del barrio privado, ubicado en la ciudad de Salta.
Según se informó, las actuaciones detectaron deficiencias persistentes en la planta de tratamiento de efluentes, cuya capacidad no habría sido adecuada para abastecer a los cerca de 1800 lotes distribuidos en las dos etapas del emprendimiento.
Además, el organismo regulador cuestionó que el fideicomiso no cumpliera de manera eficiente con la presentación de un nuevo plan de tratamiento y digestión de líquidos cloacales, solicitado meses atrás como parte de las exigencias para mitigar la contaminación.
La resolución también alcanzó de manera solidaria a la empresa Industrias Clark SRL, contratada en 2022 para operar el sistema de procesamiento de efluentes. La firma fue inhabilitada y quedó expresamente impedida de continuar prestando servicios en Vía Aurelia.
Desde el Ente señalaron que ni el fideicomiso ni la empresa contaban con habilitación para operar el servicio de saneamiento ni autorización de la Secretaría de Recursos Hídricos para realizar descargas de residuos cloacales al río Arenales.
Los análisis físico-químicos incorporados al expediente habrían confirmado el vuelco de líquidos cloacales sin tratamiento adecuado al curso de agua, una problemática ambiental que se encuentra judicializada desde hace más de 17 años mediante una acción de amparo.
La situación ambiental del barrio viene siendo motivo de cuestionamientos desde hace varios años. Incluso, la Municipalidad de Salta había revocado anteriormente el certificado de aptitud ambiental del emprendimiento y prohibido el sistema de descarga hacia el río.
En las últimas semanas también crecieron las denuncias de vecinos por olores nauseabundos en el sector, mientras concejales capitalinos impulsaron pedidos de informes para conocer el estado de la situación.
El Ente Regulador indicó además que la multa aplicada —equivalente al 10% del máximo previsto por la normativa— será destinada a tareas de saneamiento ambiental y programas de educación vinculados al cuidado de los recursos hídricos.
En los fundamentos de la resolución, el organismo sostuvo que las fallas detectadas comprometieron bienes colectivos de “máxima relevancia constitucional”, entre ellos la salud pública, el ambiente y la seguridad sanitaria de vecinos y terceros potencialmente afectados.
