Juan Cruz Gorosito
El Congreso de Bolivia autorizó al presidente Rodrigo Paz a utilizar al Ejército en operativos destinados a desbloquear rutas que permanecen interrumpidas desde hace cinco semanas por protestas sociales en distintas regiones del país.
La decisión legislativa se produjo tras una sesión ininterrumpida de 15 horas en la Cámara de Diputados, que aprobó el proyecto de ley previamente avalado por el Senado. La norma fue enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación, según informó el jefe legislativo Roberto Castro.
Los bloqueos son impulsados por campesinos, mineros, transportistas y otros sectores que reclaman la renuncia del presidente en el contexto de una profunda crisis económica, considerada la más grave en Bolivia en las últimas cuatro décadas.
El Gobierno analiza además la posibilidad de declarar el estado de excepción, una medida que ampliaría las facultades de intervención de las Fuerzas Armadas y podría restringir derechos de reunión y libre circulación, en un escenario marcado por la continuidad de las protestas.
Hasta el momento, la presencia militar en los operativos ha sido limitada, con la policía antimotines encabezando las acciones para despejar algunas vías. Sin embargo, el nuevo marco legal habilita un rol más activo de los militares en el restablecimiento del tránsito.
Los bloqueos afectan a alrededor de 80 puntos del país y generan una fuerte escasez de alimentos, combustibles y medicamentos, especialmente en La Paz y El Alto, además de impactar en regiones como Cochabamba, Oruro y Potosí.
En los últimos días se registraron enfrentamientos en el poblado de San Julián, en la región de Santa Cruz, donde la intervención policial dejó un saldo de seis efectivos y 14 civiles heridos tras el uso de gases lacrimógenos.
Uno de los puntos más debatidos de la ley es el artículo que establece la “presunción de legalidad” para las acciones de policías y militares durante el estado de excepción, lo que implica además que el Estado asuma su defensa legal en eventuales procesos judiciales.
Mientras tanto, el presidente Paz, en el poder desde hace seis meses, reiteró su llamado al diálogo con los sectores movilizados, aunque hasta el momento no hubo respuestas de las organizaciones que encabezan las protestas, que pasaron de reclamos salariales a exigir su renuncia.
En paralelo, el Gobierno responsabiliza al expresidente Evo Morales por la situación de conflictividad, acusaciones que el líder indígena rechaza y en medio de su situación judicial por un caso de trata de personas que niega.
