Juan Cruz Gorosito
La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) lanzó una fuerte advertencia sobre la situación que atraviesa el transporte urbano y suburbano en el interior del país y aseguró que, de no encontrarse soluciones en las próximas horas, podrían producirse restricciones o incluso cancelaciones de servicios a partir del próximo lunes 22 de junio.
Desde la entidad señalaron que el sistema se encuentra en una situación crítica debido a una combinación de factores económicos y financieros que, según afirman, comprometen la continuidad de las prestaciones habituales en numerosas ciudades del país.
Entre las principales causas mencionadas figuran el aumento sostenido de los costos operativos, los incrementos en el precio de los combustibles, tarifas que consideran insuficientes para cubrir los gastos de funcionamiento y la falta de renovación de las flotas durante los últimos años. A esto se suman atrasos en la transferencia de fondos y compensaciones por parte del Estado nacional y de distintas administraciones provinciales.
“La idea es no perjudicar a los usuarios, pero hemos llegado a una situación límite y necesitamos que el problema se aborde de manera integral y urgente”, expresaron desde FATAP al describir el escenario que enfrentan las empresas del sector.
La federación sostiene que muchas compañías ya no cuentan con margen financiero para absorber los costos necesarios para garantizar la normal prestación de los servicios, situación que se ve agravada por el deterioro de las unidades. Según indicaron, la imposibilidad de incorporar nuevos vehículos obligó a extender la vida útil de gran parte de las flotas, con el consecuente impacto sobre la calidad del servicio.
El panorama también genera preocupación en materia laboral. De acuerdo con estimaciones difundidas por FATAP, entre 2024 y 2026 se perdieron entre 9.000 y 11.000 puestos de trabajo vinculados al transporte automotor de pasajeros en el interior del país.
En paralelo, las empresas mantienen un conflicto salarial con la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Desde la entidad empresaria advirtieron que algunas compañías presentan dificultades para afrontar el pago del medio aguinaldo correspondiente a junio, mientras que otras evalúan alternativas para abonarlo de manera desdoblada.
Otro de los puntos que genera tensión está relacionado con los programas de compensación destinados a financiar descuentos para sectores específicos de la población que utilizan el sistema de transporte público.
Según FATAP, existen incumplimientos y demoras en el envío de recursos destinados a cubrir beneficios otorgados a jubilados, beneficiarios de las becas Progresar, amas de casa y veteranos de la Guerra de Malvinas, entre otros usuarios alcanzados por los Atributos Sociales de la tarjeta SUBE.
Desde la federación aseguran que, ante la falta de esos fondos, las empresas terminan financiando con recursos propios políticas públicas definidas por el Estado, lo que profundiza el desequilibrio económico del sistema.
Mientras continúan las negociaciones y gestiones ante distintos organismos, el sector espera respuestas que permitan evitar nuevas complicaciones para millones de usuarios que dependen diariamente del transporte público en el interior del país.
