Juan Cruz Gorosito
La Argentina deberá afrontar una condena superior a los US$390,9 millones por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, luego de que la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, rechazara el recurso presentado por el Estado nacional.
El fallo ratificó la sentencia de primera instancia y permitió que Titan Consortium continúe avanzando con las acciones judiciales para intentar cobrar la indemnización. El país lleva alrededor de 16 meses sin realizar pagos vinculados a este laudo arbitral.
El origen del conflicto se remonta a 2008, cuando el gobierno de Cristina Kirchner estatizó Aerolíneas Argentinas y Austral, que en ese momento estaban bajo control del grupo español Marsans. La empresa cuestionó la expropiación y llevó el caso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial.
En 2017, el tribunal arbitral falló a favor de Marsans y estableció una compensación de aproximadamente US$320 millones más intereses. Con el paso del tiempo, los derechos vinculados al reclamo fueron transferidos a distintos fondos de inversión hasta quedar en manos de Titan Consortium.
Desde 2021, el fondo busca que la Justicia estadounidense reconozca el laudo y permita avanzar con su ejecución. La reciente decisión de la Cámara de Apelaciones representa un nuevo respaldo para la estrategia judicial de la compañía.
El fallo también incrementa la presión sobre los activos argentinos en el exterior, ya que los acreedores podrían intentar avanzar con medidas para garantizar el cobro de la sentencia. En ese marco, Titan ya había buscado medidas sobre activos vinculados a los llamados Bonos Brady depositados en la Reserva Federal de Nueva York.
La condena se conoce mientras Aerolíneas Argentinas atraviesa una etapa de mejora en sus resultados financieros. La empresa cerró 2025 con una ganancia operativa de US$112,7 millones, luego de haber alcanzado en 2024 su primer resultado operativo positivo desde la reestatización y sin necesidad de recibir aportes del Tesoro.
La mejora estuvo vinculada a una reducción de la estructura de personal, la eliminación de rutas deficitarias, el cierre de oficinas y cambios operativos. El Gobierno nacional mantiene desde hace tiempo la intención de avanzar hacia una eventual privatización de la compañía, aunque cualquier operación de ese tipo requiere la aprobación del Congreso.
