Redacción
La Magistratura Federal con sede en Salta dio un paso decisivo al formalizar la acusación contra el parlamentario provincial por el departamento Anta, Gerardo Francisco Orellana. La causa, incoada bajo la supervisión del magistrado Diego Anzorreguy y la instrucción del fiscal general Carlos Amad, apunta a desarticular un presunto mecanismo clandestino montado para adjudicar asignaciones estatales por discapacidad mediante el uso de constancias alteradas.
De acuerdo con el esquema trazado por el Ministerio Público Fiscal, no se trataría de episodios aislados, sino de un circuito articulado que entrelazaba el trabajo de profesionales de la medicina, agentes de la administración pública, punteros locales y reclutadores. El objetivo central era captar aspirantes y liquidar pagos de manera ilícita.
El expediente salpica a destacadas figuras del sistema de salud del interior provincial. Entre los procesados figura Oscar Ricardo Luna, quien desempeñó funciones directivas en los nosocomios Dr. Oscar H. Costas (Joaquín V. González), Presidente Juan Domingo Perón (Tartagal) y Enrique Romero (El Quebrachal).
La acusación alcanza de igual modo a César Ramiro Blanco, exedil de El Quebrachal que también estuvo al frente del hospital Enrique Romero, y a Roberto Morales, exencargado del área de Atención de las Personas en esa misma institución sanitaria.
La hipótesis acusatoria sostiene que el grupo fraguaba de principio a fin el expediente médico: desde diagnósticos, historias clínicas e informes de laboratorio, hasta placas radiográficas. Las evaluaciones fraguadas permitían hacer pasar por incapacitadas a personas que no padecían afección alguna.
La prestación del servicio ilegal no era gratuita. Los gestores habrían exigido cobros a los solicitantes con montos fluctuantes entre los $20.000 y el millón de pesos, según la complejidad del trámite. La Fiscalía estima que el perjuicio fiscal ocasionado por este engranaje ascendería a unos $3.280 millones cada mes desde su puesta en marcha.
El circuito operaba mediante roles claramente asignados:
Captación y rédito político: La empleada municipal María Romano captaba a personas en situación de vulnerabilidad para exigirles dinero, mientras que el legislador Orellana habría aprovechado las altas para consolidar respaldo electoral firmando avales sin sustento legal.
Adulteración diagnóstica y de laboratorio: Morales y Blanco habrían emitido avales de invalidez a cambio de cánones para eludir inspecciones, apoyados por el bioquímico Luciano Benjamín Esteban, a quien se imputa la falsificación de análisis clínicos para simular patologías severas como Chagas o diabetes.
Confección de papelería e informes de complacencia: Hugo Humberto Massa elaboraba certificados apócrifos utilizando membretes y sellos en su negocio de fotocopiado, intercalando análisis entre distintos solicitantes. En paralelo, los médicos Diego Augusto Ocampo y Luis Alberto Verón habrían percibido sumas fijas por confeccionar resúmenes de historia clínica y gestionar renovaciones periódicas sin evaluar físicamente a los interesados.
Vulneración de controles burocráticos: La carga en la plataforma estatal requería el quiebre de la seguridad informática. Edmundo Dante Salazar, exresponsable de la ANSES, habría facilitado claves privadas a terceros para registrar datos falsos. En la órbita local, los administrativos Manuel Rodolfo Córdoba y Luis Casares daban curso a los legajos saltándose los filtros de verificación.
En total, la causa penal engloba a quince personas sospechadas de integrar una asociación ilícita, cometer defraudación en perjuicio de la administración pública, falsificar documentos e incumplir los deberes de funcionario público. La nómina de investigados la completan José Edmundo Brisuela, José Wilson Muñoz Torres, Humberto Brisuela Mendoza y Francisco Orellana, señalados por convertir la asistencia social en un negocio lucrativo. El proceso continuará su curso para dirimir las responsabilidades individuales de cada imputado.
