Redacción
El Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Salta, a cargo del fiscal federal Ricardo Toranzos, formalizó la investigación contra un hombre de 63 años que quedó imputado por el transporte de más de 65 kilos de cocaína que llevaba ocultos en una caja metálica adherida al tanque de combustible de una camioneta detectada en un control de ruta en la localidad de Rosario de la Frontera. De acuerdo a la investigación, el imputado había partido desde la provincia de Jujuy y se dirigía hacia la de Buenos Aires.
En una audiencia realizada el martes pasado, el juez federal de Garantías N°1 de Salta, Julio Bavio, declaró la legalidad de la detención, dio por formalizada la investigación y dictó la prisión preventiva por 72 días. Además, autorizó las medidas de prueba requeridas por la fiscalía, entre ellas, distintos peritajes y el levantamiento del secreto bancario y bursátil.
El procedimiento
Al presentar el caso, la auxiliar fiscal de la mencionada unidad fiscal, Carolina Aráoz Vallejo, explicó que el hallazgo de la droga se produjo la madrugada del domingo pasado, cuando personal del puesto El Naranjo de Gendarmería Nacional, detuvo la camioneta en un control sobre la ruta 34, en jurisdicción de Rosario de la Frontera.
Durante la inspección, los gendarmes advirtieron que el conductor se mostraba nervioso y brindaba respuestas contradictorias sobre el lugar desde el que había iniciado el viaje. Al revisar externamente el vehículo, además, detectaron una caja metálica adherida al tanque de combustible que no correspondía al modelo de la camioneta.
Ante esa situación, se dio intervención a la fiscalía y se dispuso una requisa más exhaustiva. Con autorización judicial, un can detector de narcóticos marcó positivamente el sector donde se encontraba la caja. Luego, un escáner portátil permitió detectar paquetes en su interior.
Finalmente, la caja fue abierta y se encontraron 62 paquetes que contenían cocaína, con un peso total de poco más de 65 kilos. Los panes de la droga llevaban marcados en bajorrelieve el sello de un delfín. Como consecuencia del hallazgo, el conductor fue detenido y se secuestró su teléfono celular.
Durante la audiencia, el imputado indicó que reside en el partido bonaerense de José C. Paz y que trabaja como herrero. Se abstuvo de declarar sobre el hecho.
El pedido de prisión preventiva
La auxiliar fiscal Aráoz Vallejo presentó la imputación y detalló la evidencia reunida hasta el momento. También sostuvo que las características de la maniobra permiten considerar que el transporte de la droga podría no constituir un hecho aislado y que el imputado podría estar vinculado con una estructura de mayor complejidad.
En ese marco, solicitó la prisión preventiva al considerar que existen riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Entre otros argumentos, destacó la gravedad del hecho, la logística utilizada para ocultar y trasladar la droga, la afectación a la salud pública y la escala penal prevista para el delito.
La defensa, en tanto, no cuestionó la imputación y solicitó que la prisión preventiva fuera morigerada mediante un arresto domiciliario. Fundamentó el pedido en supuestos antecedentes cardíacos del imputado, quien habría sufrido dos infartos y requeriría medicación diaria. Sin embargo, durante la audiencia reconoció que no contaba con certificados médicos que acreditaran esa situación.
La fiscalía se opuso al pedido y señaló que el informe médico realizado al imputado indicó que se encontraba lúcido, con presión arterial normal y en buen estado general. El estudio consignó que, según manifestó el propio hombre, necesitaba medicación, aunque no la llevaba consigo al momento de su detención.
Aráoz Vallejo también señaló las dudas surgidas del informe ambiental realizado en el domicilio declarado por el imputado respecto de su efectiva residencia allí. A ello sumó la contradicción entre la gravedad del cuadro de salud invocado por la defensa y el hecho de que el hombre hubiera realizado un viaje de más de 1.500 kilómetros sin llevar consigo la medicación que, según sostuvo, necesita diariamente.
Finalmente, el juez declaró la legalidad de la detención, impuso la prisión preventiva por 72 días y autorizó las medidas de prueba solicitadas por la fiscalía.
