
Piden llevar a juicio a dos cordobeses por una presunta defraudación de $110 millones con equipamiento médico
Juan Cruz Gorosito

El fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, requirió ante el Juzgado de Garantías 1 de ese distrito la elevación a juicio de Héctor Cristian Páez, de 42 años, y Juan Carlos Vega, de 62 años, ambos oriundos de Córdoba, a quienes acusa como coautores del delito de asociación ilícita, previsto en el artículo 210 del Código Penal.
Según la hipótesis fiscal, ambos formarían parte de una organización que habría utilizado una sociedad comercial para llevar adelante una maniobra defraudatoria en perjuicio de un profesional de la salud de Metán. De acuerdo con la acusación, los involucrados habrían ofrecido equipamiento médico de alta complejidad destinado a la instalación de un consultorio de diagnóstico por imágenes, generando en la víctima una apariencia de solvencia, respaldo comercial y capacidad operativa. La operación habría sido canalizada a través de una sociedad vinculada a los acusados.
El damnificado denunció que, a partir de esa operación, realizó sucesivos pagos por aproximadamente $110 millones, entre pesos y dólares, mediante transferencias bancarias y entregas de dinero en efectivo. Sin embargo, recibió únicamente un digitalizador de imágenes con computadora y dos chasis radiográficos, elementos que posteriormente fueron devueltos debido a que no se correspondían con lo solicitado. Entre los equipos comprometidos y que finalmente no habrían sido entregados se encontraban un equipo de rayos X y un densitómetro.
Para sostener la acusación, la Fiscalía valoró como elementos de convicción la denuncia y declaración del damnificado, documentación societaria, facturas, comprobantes de transferencias, conversaciones mantenidas mediante WhatsApp, fotografías de los equipos ofrecidos, informes bancarios y análisis de cuentas, además de las pericias informáticas realizadas sobre teléfonos celulares incorporados a la investigación.
En particular, los informes elaborados por Criminalística permitieron recuperar comunicaciones y contenido multimedia de los dispositivos aportados durante la investigación. Del análisis de los teléfonos atribuidos a Juan Carlos Vega y Héctor Cristian Páez surgirían comunicaciones entre ambos que, según la Fiscalía, permitirían advertir una posible coordinación de la maniobra y distribución de roles.
La acusación sostiene además que la sociedad comercial habría sido utilizada como una estructura de apariencia legítima para generar confianza en el profesional y posibilitar la recepción de los fondos. Para la Fiscalía, los elementos reunidos permitirían sostener la existencia de una presunta organización con división de tareas, destinada a la realización reiterada de maniobras defraudatorias y en la que habrían participado otras personas.
Con toda esta evidencia incorporada a la causa, el fiscal Gómez Amado solicitó que Páez y Vega sean sometidos a juicio, instancia en la que deberán ser analizados los hechos y las pruebas reunidas durante la investigación.





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