Juan Cruz Gorosito
La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, a través del auxiliar fiscal Pablo Nieva, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado en la que fueron condenados Mariela del Valle Herrera, Ángel Emanuel Franco y César Daniel Fernández, este último personal policial que se desempeñaba en el Depósito de Secuestros del Poder Judicial.
La jueza Claudia Puerta homologó el acuerdo y condenó a Fernández a tres años de prisión de ejecución condicional, multa de $1.296.000 e inhabilitación absoluta perpetua, además de reglas de conducta, por falsificación ideológica de instrumento público agravada por su función pública (dos hechos), en concurso ideal y en calidad de partícipe necesario de estafa (dos hechos), y concusión (36 hechos), en concurso real.
Franco fue condenado a un año de prisión de ejecución condicional por dos hechos de estafa en concurso ideal con dos hechos de uso de instrumento público falso; mientras que Herrera recibió la misma pena por un hecho de estafa en concurso ideal con uso de instrumento público falso. Ambos deberán cumplir reglas de conducta.
La jueza dispuso además la anulación de la inscripción registral correspondiente de un Ford Focus y del Formulario 08 vinculado a la Toyota Hilux.
La causa
La investigación, a cargo de Salinas Odorisio, se inició cuando se detectó que un vehículo Ford Focus, que permanecía secuestrado y bajo custodia judicial desde marzo de 2022, registraba un cambio de titularidad que no había sido autorizado por la Fiscalía ni por el Juzgado interviniente.
El automóvil había sido secuestrado en el marco de la investigación por la falsa financiera Ríos & Asociados y se encontraba físicamente en el Depósito de Secuestros del Poder Judicial. Sin embargo, en abril de 2024 había sido transferido a nombre de otra persona y sobre el rodado se había constituido una prenda por más de $11 millones.
Personal de la Unidad Investigación UDEC del Cuerpo de Investigaciones Fiscales logró establecer que Fernández, quien cumplía funciones como verificador, había firmado un Formulario 12 que certificaba la verificación del Ford Focus. Ese documento permitió realizar la transferencia registral del vehículo y la obtención del crédito prendario.
La investigación determinó además que Franco intervino como nexo entre las distintas personas involucradas en la operación, mientras que Herrera, quien se desempeñaba como gestora, había consultado ante la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor el estado del dominio y mantenido numerosas comunicaciones con Franco durante los días en que se realizaron los trámites.
Con los elementos reunidos, la fiscal Salinas Odorisio requirió el allanamiento de las viviendas de los involucrados. En el domicilio de Franco, los investigadores encontraron documentación correspondiente a una Toyota Hilux que también había sido secuestrada en marzo de 2022 en la causa Ríos & Asociados y posteriormente entregada en depósito judicial al Área de Movilidad del Poder Judicial.
Entre la documentación secuestrada había un Formulario 12 firmado por Fernández, un Formulario 08 mediante el cual se simulaba la compraventa de la camioneta por $13 millones y documentación correspondiente a un crédito prendario. El titular registral declaró en UDEC que nunca había vendido el vehículo y que lo había entregado años antes a la financiera como parte de una inversión.
Para la Fiscalía, la documentación permitió establecer que Fernández volvió a intervenir mediante la verificación del rodado y que Franco participó en la maniobra destinada a concretar la transferencia y obtener un crédito prendario.
Los investigadores de UDEC detectaron además otras irregularidades vinculadas con la función de Fernández como verificador policial. Durante el allanamiento de su vivienda fueron secuestrados 500 formularios de verificación vehicular.
A partir del análisis de esa documentación y de distintas declaraciones testimoniales, UDEC estableció 36 hechos en los que Fernández había realizado verificaciones y recibido dinero en efectivo que no fue rendido ni ingresó al Fondo Único Policial.
