
Salta busca ampliar la protección de los pueblos originarios con la adhesión a la Ley Octorina
Juan Cruz Gorosito

La adhesión de la ciudad de Salta a la Ley Octorina volvió a ponerse en agenda tras una reunión de trabajo entre la subsecretaria de Derechos Humanos, Mirta Noemí Mejías, su equipo técnico y representantes del Concejo Deliberante capitalino. El encuentro tuvo como objetivo avanzar en la incorporación del municipio a esta normativa provincial, orientada a la prevención de la violencia y la discriminación contra los pueblos originarios.
La Ley Octorina N.º 8534 busca promover la concientización y la educación sobre los delitos sexuales y los crímenes de odio que afectan a niñas, niños, adolescentes y mujeres de comunidades originarias. También apunta a visibilizar estas problemáticas y fortalecer el reconocimiento y el respeto de los derechos de estas poblaciones.
La reglamentación de la norma fue impulsada por la Subsecretaría de Derechos Humanos a través de un proceso participativo que involucró a comunidades originarias, organizaciones de la sociedad civil y representantes de los tres poderes del Estado.
En este contexto, las conversaciones con el Concejo Deliberante buscan extender la aplicación de sus objetivos al ámbito municipal y promover acciones locales de prevención, sensibilización y protección de derechos. La eventual adhesión permitiría incorporar al municipio a las iniciativas vinculadas con la implementación territorial de la ley.
Desde la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia sostienen una línea de trabajo con los gobiernos locales para ampliar el alcance de las políticas públicas en la materia. La articulación apunta a impulsar medidas de concientización y prevención en distintos puntos de Salta, con especial atención a las situaciones de violencia y discriminación que atraviesan las comunidades originarias.
Por el momento, las gestiones están centradas en avanzar en la adhesión municipal. El proceso busca fortalecer el trabajo conjunto entre los organismos provinciales y las autoridades locales en torno a la protección de derechos, la igualdad y el respeto por la diversidad cultural.






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