Analizan demandas, despidos y cierres de oficinas en los Registros del Automotor

El mundo de los Registros del Automotor está en alerta tras la decisión del Gobierno de dar marcha atrás con la suba de los formularios que se pagan en esas oficinas y de los ingresos que perciben los encargados. El aumento duró menos de 24 horas. Luego de ese cortocircuito, hubo un rencuentro en el Ministerio de Justicia con los representantes del gremio. “No hay un plazo para aumentar”, se sinceró un funcionario en esa reunión. Y advirtió que el plan oficial es reducir la cantidad de registros.

El objetivo del Gobierno fue ratificado ayer por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. “Tenemos casi el 40 o 50 por ciento de los registros intervenidos. No nombramos a nadie. Se están juntando para ir reduciendo. El plan es digitalizar”, respondió en una entrevista con LN+.

 
En la actualidad hay 1554 registros en todo el país. Alrededor del 40% está en manos de interventores. La gran mayoría son abogados, contadores o escribanos que deben cumplir una serie de requisitos para acceder a un registro, y hay un porcentaje menor de empleados de la Dirección Nacional que cobran un plus del sueldo y viáticos para viajar al interior.

La reducción de la cantidad de registros, si ocurre, es un proceso paulatino que no está exento de complicaciones. “Hoy en día un registro grande de Capital tiene 60 turnos diarios y 25 mil legajos. Si tenemos que absorber otro registro hay que sumar espacio para los legajos y seguramente tomar más personal. En el escenario actual eso es imposible”, advierte un encargado.

Desde que asumió el gobierno de Javier Milei, el gremio de los encargados comenzó a reclamar por aumentos. La promesa oficial había sido “aguantar 90 días”. Finalmente, la semana pasada se otorgaron las subas para los trámites que se realizan en los Registros del Automotor y para los emolumentos, que son los ingresos que perciben los encargados de los registros. El argumento para aumentar fue la inflación de los últimos meses.

 
Apenas se conocieron los aumentos, hubo cuestionamientos dentro del Gobierno. En menos de 24 horas, el ministro de Justicia decidió anular dos resoluciones. “Hay fuertes bajas en las expectativas de inflación para los próximos meses”, fue el nuevo argumento formal.

En ese plazo, decenas de usuarios pagaron trámites con aumentos y ahora podrían reclamar una devolución.

La decisión puso en alerta a la Asociación de Encargados de Registros (AAERPA) y a todos los integrantes del sistema. Fuentes de ese sector aseguran que la decisión generará despidos de personal, demandas judiciales y nuevas renuncias. “En los últimos meses, hubo unas 15 renuncias, pero la mayoría no se aceptan porque nadie quiere agarrar un registro”, explicó una fuente del gremio. Y no descartó que algunos encargados decidan incumplir obligaciones y hasta no girar los fondos, lo que podría generar sumarios y hasta denuncias penales.

 “En caso de que los registros desaparezcan, no solo corre riesgo la seguridad jurídica de los dueños de automóviles, sino la economía de los mismos, ya que aumentarían notablemente los seguros de autos, por ejemplo”, dice un comunicado del gremio al que tuvo acceso este medio. El mensaje se conoció luego de una serie de reuniones, donde hasta se propuso ir a un paro. Las autoridades del gremio explicaron que no tiene personería gremial para semejante medida.

La decisión de ir a la Justicia será individual de cada encargado. Por estas horas se analizan distintas opciones jurídicas. Mientras tanto, en los registros ya se comienzan a sentir algunas demoras y otras consecuencias para los usuarios.

Al margen de la digitalización, el Gobierno lanzó una auditoría de 141 registros que ya estaban intervenidos. En ese listado hay 42 registros de la provincia de Buenos Aires, 13 de la Ciudad de Buenos Aires, 10 de Córdoba, 10 de Entre Ríos, 6 de Chaco, entre otros.

 También se puso en marcha una fiscalización digital de otros 25 registros. “Vamos a analizar variables como los plazos en que los registros cumplen los distintos trámites, ver si hay irregularidades, si la gente recibe un buen servicio. Si detectamos problemas, que pueden surgir de negligencia o impericia, pero también de ilícitos, la siguiente etapa es la fiscalización in situ”, explicaron en ese momento desde la cartera de Justicia.

Fuente de la Información: Infobae