El juez de Violencia Familiar y de Género de Metán, Carmelo Paz, impuso medidas de restricción contra el jefe de Bomberos Voluntarios luego de ser denunciado por acoso por una aspirante. Deberá cumplir con la formación en Violencia de Género dispuesta por la Ley Micaela
JUDICIALES16/06/2021
Redacción
El hombre fue denunciado por una aspirante al cuerpo de bomberos, ante los acosos de los que es víctima desde que ingresó el año pasado. La mujer refirió que al momento de realizar actividades físicas solía tocarla. Dijo que también le enviaba mensajes inapropiados, y que le inventó relaciones con sus compañeros, entre otras situaciones. Refirió que a raíz de estos episodios comenzó a tener pesadillas.
Hugo Díaz deberá abstenerse de ejercer todo tipo de violencia en su contra. Además se le impuso el impedimento de contacto a 200 metros de la víctima y de los lugares donde concurra.
Además deberá cumplir con la formación en Violencia de Género dispuesta por la Ley Micaela. También tendrá que realizar tratamiento psicológico para abordar sus cuestiones personales afectivas, y con la finalidad de aprender formas adecuadas y saludables de valorización y respeto hacia sus colegas mujeres, en el ejercicio de su actividad voluntaria en el Cuerpo de Bomberos donde se desempeña.
La Federación de Bomberos Voluntarios de Salta tendrá la obligación de arbitrar las medidas necesarias dentro del ámbito administrativo, a fin de evitar que se repitan los hechos de violencia de género denunciados.
Tras el fallecimiento de uno de los imputados, se postergó el inicio de la audiencia de debate, prevista para este martes 16. Se prevé el paso de numerosos testigos.
El hombre habría sido encontrado sin vida en la Alcaidía General Nº1, donde cumplía detención. Estaba previsto que este martes comenzara el juicio por el brutal asesinato ocurrido en 2017 en Vaqueros.
En un plenario legislativo encabezado por el vicegobernador Antonio Marocco y el titular de Diputados, Esteban Amat, autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público respaldaron el proyecto de reforma del Código Procesal Penal impulsado por el Ejecutivo. Destacaron avances en oralidad, digitalización y eficiencia del sistema penal.
La Justicia salteña se encamina a un hecho histórico, la provincia podría realizar su primer juicio por jurados este año, en un caso de femicidio.
El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó a 7 años de prisión a Daniel Fernando Aponte, un empleado judicial del Distrito Judicial del Sur, por su rol como líder de una red de tráfico de 23 kilos de marihuana. También fueron condenados con penas de 6 años de cárcel sus cómplices, Darío Antonio Peralta y Ángel Guido Luna, quienes fueron encontrados culpables del mismo delito.
El desplazado titular de la ANDIS busca definir su estrategia en la causa en la que se investiga el supuesto pago de sobornos en el organismo de discapacidad.
