Juan Cruz Gorosito
Las imputaciones recayeron sobre el oficial subayudante Ángel Quiñones y los cabos Fabio Adel Saravia y Franco Exequiel Urtado, en calidad de coautores.
Las actuaciones iniciaron con la denuncia radicada por la pareja de la víctima, quien el 30 de marzo compareció ante la Fiscalía de Derechos Humanos de Metán y puso en conocimiento que su pareja, quien permanecía detenido en la Subcomisaría de El Galpón por incumplir la prisión domiciliaria, fue tomado del cuello por un efectivo de apellido Saravia y que forcejearon, por lo que fue llevado al lado del comedor. Luego, relató que fue golpeado por otros efectivos.
Del requerimiento, surgió que el 28 de marzo de 2021, cerca de las 0:45,
en la Subcomisaría de El Galpón, los acusados en servicio le impusieron al detenido bajo su custodia un trato riguroso con incidencia en su integridad física y le provocaron lesiones que fueron constatadas mediante certificados médicos.
En sus fundamentos, el fiscal penal Gabriel Alejandro González, sostuvo que la figura penal de severidades pretende proteger la dignidad del ser humano, que deber ser respetada aun en condiciones de encierro legítimo, teniendo en cuenta el derecho de todo individuo a no sufrir tales procedimientos de parte de los funcionarios públicos, que tienen en sus manos el poder que les otorga la función, o a no ver agravada con ellos la privación de libertad que ya sufren.
Violencia Institucional
La Fiscalía de Derechos Humanos recordó que la Violencia Institucional por parte de las fuerzas de seguridad es una práctica estructural de violación de Derechos Humanos por parte de funcionarios públicos policiales y del servicio penitenciario, cuya tutela de bienes jurídicos le han sido encargada dentro del sistema constitucional y democrático.
A fin de contrarrestar esta histórica y tolerada práctica, resulta necesario adoptar un enfoque basado en Derechos Humanos, que permita identificar y oportunamente en consonancia con los Instrumentos Internacionales con Jerarquía Constitucional, erradicar estas prácticas de nuestras democracias, mediante la investigación y sanción de estas conductas ilícitas, máxime cuando ellas son llevadas adelantes por aquellos titulares de la función de seguridad.
Estas prácticas violentas y en estos ámbitos, han sido históricamente toleradas, por lo que se debe tener presente que en los entornos en la que se produce se advierte un aprovechamiento de una posición ventajosa, que permite una dependencia absoluta o relativa de la autoridad de las personas, que da la condición de posibilidad para el despliegue de las mismas.
