Un hombre de 51 años fue condenado por cometer actos de abuso sexual en perjuicio de tres sobrinas, a las que mantenía amenazadas para que no revelaran lo que acontecía. Será registrado en el Banco de Datos Genéticos.
JUDICIALES10/01/2022
Jesús Ortega
El fiscal penal 2 de Metán en feria, Gonzalo Gómez Amado, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala II del Tribunal de Juicio del distrito Metán, en la audiencia de debate contra un hombre de 51 años por los delitos de abuso sexual simple (reiterados hechos), abuso sexual con acceso carnal reiterado, abuso sexual gravemente ultrajante (un hecho) en perjuicio de tres menores de edad.
El acusado fue denunciado por su hermana, al tomar conocimiento ésta, de actos de abuso sexual de distinta índole que perpetró en perjuicio de tres de sus hijas menores de edad y en reiteradas oportunidades, amenazándolas para que no revelaran lo que sucedía.
La jueza Carolina Poma Salvadores le impuso una pena de 15 años de prisión de cumplimiento efectivo y en el mismo fallo, dispuso la extracción de material genético del condenado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.
Tras el fallecimiento de uno de los imputados, se postergó el inicio de la audiencia de debate, prevista para este martes 16. Se prevé el paso de numerosos testigos.
El hombre habría sido encontrado sin vida en la Alcaidía General Nº1, donde cumplía detención. Estaba previsto que este martes comenzara el juicio por el brutal asesinato ocurrido en 2017 en Vaqueros.
En un plenario legislativo encabezado por el vicegobernador Antonio Marocco y el titular de Diputados, Esteban Amat, autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público respaldaron el proyecto de reforma del Código Procesal Penal impulsado por el Ejecutivo. Destacaron avances en oralidad, digitalización y eficiencia del sistema penal.
La Justicia salteña se encamina a un hecho histórico, la provincia podría realizar su primer juicio por jurados este año, en un caso de femicidio.
El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó a 7 años de prisión a Daniel Fernando Aponte, un empleado judicial del Distrito Judicial del Sur, por su rol como líder de una red de tráfico de 23 kilos de marihuana. También fueron condenados con penas de 6 años de cárcel sus cómplices, Darío Antonio Peralta y Ángel Guido Luna, quienes fueron encontrados culpables del mismo delito.
El desplazado titular de la ANDIS busca definir su estrategia en la causa en la que se investiga el supuesto pago de sobornos en el organismo de discapacidad.
