Redacción
El procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, dio intervención al fiscal penal 3 de Orán, Carlos Alberto Salinas, para investigar un hecho de gravedad institucional relacionado con una amenaza que constituiría un hecho delictivo en grado de tentativa contra el funcionamiento del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), delegación Orán.
La directora fiscal del CIF, Gabriela Buabse, informó al Procurador sobre una nota presentada por la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (U.P.S.R.A.) a la Coordinadora Operativa del Gabinete de Medicina Legal del CIF – Delegación Orán, en la cual se comunica que debido a conflictos gremiales con la empresa Guardian SRL, se procederá al bloqueo de los accesos a las instalaciones del CIF por tiempo indeterminado.
En la nota firmada por el Delegado Regional de U.P.S.R.A. Orán, Marcelino Romero, y el Delegado de Base, Hernán José López, se manifiesta que el gremio “lamenta notificar” que realizará medidas de acción directa el jueves 23 de mayo. Consisten en la asistencia del personal a sus puestos de trabajo, sin actividad laboral, y el bloqueo de los accesos al establecimiento del CIF, por tiempo indeterminado, hasta que se logre una solución a la problemática planteada.
La medida de coacción anunciada afecta de manera inmediata la prestación de un servicio esencial y a un organismo que actúa como órgano del poder público, ejerciendo funciones de autoridad en nombre del Estado. Esto implica que el servicio esencial necesario para hechos delictivos, que requieren el traslado de cuerpos a la morgue y la toma de muestras, tanto para Orán como para Tartagal, no se podría concretar o se vería afectado por la decisión de un tercero, impactando directamente el servicio de Justicia.
