El juez de Garantías de ese distrito, Mario Teseyra, escuchó a las partes y decidió rechazar la revisión de la prisión preventiva solicitada por la defensa de los dos acusados de robar elementos de una obra en construcción.
JUDICIALES26/06/2024
Redacción
El dueño de una obra en construcción dijo que esa tarde, cerca de las 4, un vecino lo llamó por teléfono un vecino para explicarle que en las cámaras de seguridad quedó registrado cuando unas personas sustraían elementos de su propiedad.
El denunciante se presentó en el lugar del hecho y advirtió le faltaba una amoladora, la batería de una máquina retroexcavadora, dos motores para vibrar hormigón, un motor de hormigonera, entre otras herramientas.
En los videos de tres cámaras de seguridad que aportaron los vecinos se podía observar cómo escalaban la tapia de un vecino para poder ingresar y sustraer los elementos. El robo habría sido cometido con la modalidad “hormiga” durante una semana luego del año nuevo, aprovechando la ausencia de personal por el período de las fiestas.
En una audiencia flexible y multipropósito fijada por la Oficina de Gestión Judicial de Metán (OfiJu) en el marco del plan piloto de oralidad, el juez de Garantías de ese distrito, Mario Teseyra, escuchó a las partes y decidió rechazar la revisión de la prisión preventiva solicitada por la defensa de los dos acusados.
El hombre de 32 años y el joven de 20 continuarán detenidos, acusados como presuntos autores del delito de robos calificados reiterados.
En un plenario legislativo encabezado por el vicegobernador Antonio Marocco y el titular de Diputados, Esteban Amat, autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público respaldaron el proyecto de reforma del Código Procesal Penal impulsado por el Ejecutivo. Destacaron avances en oralidad, digitalización y eficiencia del sistema penal.
La Justicia salteña se encamina a un hecho histórico, la provincia podría realizar su primer juicio por jurados este año, en un caso de femicidio.
El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó a 7 años de prisión a Daniel Fernando Aponte, un empleado judicial del Distrito Judicial del Sur, por su rol como líder de una red de tráfico de 23 kilos de marihuana. También fueron condenados con penas de 6 años de cárcel sus cómplices, Darío Antonio Peralta y Ángel Guido Luna, quienes fueron encontrados culpables del mismo delito.
El desplazado titular de la ANDIS busca definir su estrategia en la causa en la que se investiga el supuesto pago de sobornos en el organismo de discapacidad.
El individuo tenía ordenadas medidas cautelares, las que no respetó y continuó hostigando a la damnificada y agrediéndola físicamente.
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