Redacción
En una reciente resolución judicial, Sergio Márquez, un vecino de Metán, deberá retractarse públicamente por sus comentarios difamatorios contra el intendente José María Issa. La medida judicial surge después de que Márquez realizara afirmaciones ofensivas y sin fundamento en redes sociales, lo que llevó al intendente a interponer una denuncia formal.
El Dr. Pedro Arancibia, abogado de Issa, explicó que el conflicto se originó por una serie de manifestaciones difamatorias hechas por Márquez, quien, aunque se presenta como periodista en redes sociales, hizo afirmaciones que se apartaron de la realidad y vulneraron la privacidad del intendente y su familia. Según Arancibia, los comentarios de Márquez no solo fueron falsos, sino que también excedieron el ámbito de la crítica legítima a la gestión pública y afectaron gravemente la intimidad de Issa.
Arancibia detalló que la denuncia fue presentada para proteger el derecho del intendente a mantener su reputación y la de su familia. "Un ciudadano deberá retractarse en los medios públicos tras los dichos en contra del intendente; fue interpuesta una medida judicial", afirmó el legista. En el acuerdo conciliatorio alcanzado, Márquez se comprometió a eliminar todas las publicaciones difamatorias de sus redes sociales y a abstenerse de realizar comentarios similares en el futuro.
El acuerdo también estipula que Márquez deberá publicar una retractación en el diario *El Tribuno* y en los canales de televisión locales. Este paso busca corregir el daño causado por las afirmaciones infundadas y restaurar la verdad en el ámbito público. Arancibia subrayó que la retractación y el acuerdo no tienen como objetivo limitar la libertad de expresión, sino garantizar que esta se ejerza de manera responsable y respetuosa. "La libertad de expresión y de prensa son fundamentales en una democracia, pero deben ejercerse dentro de los límites del respeto hacia la persona", destacó el abogado.
Además, Arancibia enfatizó la importancia de que los ciudadanos comprendan que el ejercicio de la libertad de expresión tiene restricciones, especialmente cuando se trata de la vida privada y la reputación de las personas. La medida judicial es vista como una forma de reafirmar que, aunque se puede criticar a la gestión pública, las críticas deben basarse en hechos y no en difamaciones.
"Este acuerdo también sirve como un recordatorio de la responsabilidad que conlleva la comunicación pública y la necesidad de respetar los derechos individuales mientras se mantiene un debate plural y constructivo sobre asuntos de interés público", sostuvo el abogado de Issa quien concluyó que el caso de Márquez es un ejemplo de cómo la ley puede intervenir para proteger a las personas de ataques injustificados y asegurar un ambiente de respeto y legalidad en el discurso público.
Fuente: Expresión del Sur
