Un hombre de 62 años fue acusado como autor de los delitos de daños agravados, resistencia a la autoridad y lesiones leves calificadas en concurso real.
JUDICIALES01/08/2024
Redacción
En una audiencia flexible y multipropósito fijada por la Oficina de Gestión Judicial de Metán (OfiJu) en el marco del plan piloto de oralidad, el juez de la Sala II del Tribunal de Juicio de ese distrito Sebastián Fucho, le concedió al acusado el beneficio de la suspensión del juicio a prueba.
Durante un año deberá cumplir reglas de conducta, entre las que se le impuso la obligación de reparar el daño causado, por lo que deberá realizar la donación de dos cuotas de cincuenta mil pesos cada una que serán destinadas a la compra de combustible para la Policía de la Provincia.
Tras el fallecimiento de uno de los imputados, se postergó el inicio de la audiencia de debate, prevista para este martes 16. Se prevé el paso de numerosos testigos.
El hombre habría sido encontrado sin vida en la Alcaidía General Nº1, donde cumplía detención. Estaba previsto que este martes comenzara el juicio por el brutal asesinato ocurrido en 2017 en Vaqueros.
En un plenario legislativo encabezado por el vicegobernador Antonio Marocco y el titular de Diputados, Esteban Amat, autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público respaldaron el proyecto de reforma del Código Procesal Penal impulsado por el Ejecutivo. Destacaron avances en oralidad, digitalización y eficiencia del sistema penal.
La Justicia salteña se encamina a un hecho histórico, la provincia podría realizar su primer juicio por jurados este año, en un caso de femicidio.
El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó a 7 años de prisión a Daniel Fernando Aponte, un empleado judicial del Distrito Judicial del Sur, por su rol como líder de una red de tráfico de 23 kilos de marihuana. También fueron condenados con penas de 6 años de cárcel sus cómplices, Darío Antonio Peralta y Ángel Guido Luna, quienes fueron encontrados culpables del mismo delito.
El desplazado titular de la ANDIS busca definir su estrategia en la causa en la que se investiga el supuesto pago de sobornos en el organismo de discapacidad.
