Carlos Córdoba
El proyecto pretende fortalecer -hasta el 31 de diciembre- el presupuesto educativo para salarios docente y no docente, gastos de funcionamiento e investigación y sostenimiento de infraestructura universitaria, además de establecer una actualización anual del monto y de becas estudiantiles. La Oficina del Presupuesto del Congreso estimó el costo del impacto fiscal del proyecto en el 0,14% del PBI, cifra que fue discutida por el Ministerio de Capital Humano. Los fondos para el próximo año deberán discutirse durante el debate por el Presupuesto 2025.
"No es un proyecto ideal, pero es un acuerdo para evitar el quiebre del sistema universitario argentino", entendió el senador Wado de Pedro (Unión por la Patria), titular de la Comisión de Educación y Cultura. La intención opositora es obtener un rápido dictamen y empujar el tratamiento de la ley -que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados- para que se vote este mismo miércoles en el Senado. Podrían incluir en el temario el proyecto de Boleta Única de Papel -que cuenta con apoyo oficialista- y la derogación del decreto que otorgó fondos reservados a la SIDE.
Por parte del Gobierno, se expresó Ezequiel Atauche, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. "Nosotros venimos desde el Gobierno apoyando y levantando la educación. Hemos aumentado, en su momento, el 70% el presupuesto de la educación que venía atrasado desde el 2022. Esto no se reclamaba, se empezó a reclamar y lo entendimos razonable", dijo, en referencia a la Marcha Universitaria del 24 de abril. "Tenemos que cuidar los bolsillos de los pagadores de impuestos argentinos", justificó la postura del oficialismo de sostener el actual sistema de financiamiento.
Una de las expresiones más críticas contra el Gobierno fue la del porteño Martín Lousteau (UCR), discutiendo que el oficialismo "tiene una especial preocupación por la educación", para enumerar: "La Comisión de Educación se constituyó la semana pasada, el FONID se derogó y hubo una marcha universitaria récord en la cantidad de gente que hemos tenido en cualquier momento de la democracia. No se hubieran comido dos meses de inflación -enero y febrero- a los salarios de trabajadores de universidades, que perdieron 20% más del poder adquisitivo que los demás trabajadores estatales".
"Me parece que hay que pensar en sólidas políticas educativas y científicas si queremos hablar de prosperidad nacional", señaló la misionera Sonia Rojas Decut, adelantando el acompañamiento del Frente Renovador de la Concordia provincial, uno de los principales aliados del Gobierno. Otro apoyo llamativo fue el de la porteña Guadalupe Tagliaferri (PRO), que volvió a dar cuenta de una demostración de autonomía con su bloque.
Por su parte, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO) anticipó su abstención, expresando como argumento que "para este tema se le dé la profundidad que se merece si se va llevar los millones que se va a llevar. Como el sistema educativo completo está en crisis, me parece que tenemos que hacer un uso eficiente y eficaz de los recursos".
"Este tema pide tratamiento, con o sin despacho", planteó a su turno el formoseño José Mayans (Unión por la Patria), quien solicitó que la sesión se haga este mismo miércoles y remarcó que la recaudación estatal durante este año es del u$s 80.000 millones: "Cuando dice que no hay plata ni recursos no es cierto".
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