La Unidad Fiscal solicitó la elevación a juicio contra el exfuncionario provincial, acusado de facilitar visitas irregulares en la cárcel de Orán.
JUDICIALES15/11/2024
Juan Cruz Gorosito
La Unidad Fiscal, representada por los fiscales Mariana Torres y Ramiro Ramos Ossorio, solicitó ante el Juzgado de Garantías 1 del distrito Centro la elevación a juicio de la causa contra Benjamín Cruz, exsecretario de Seguridad de Salta. La acusación contra Cruz se centra en el delito de tráfico de influencias y, de forma subsidiaria, en negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
La investigación contra Cruz surgió de nuevos elementos obtenidos en el proceso judicial federal por el homicidio de Darío Monges. Según los fiscales, Cruz habría facilitado la entrada de Monges a la Unidad Carcelaria de Orán, donde este último se identificó como asesor del Ministerio de Seguridad para entrevistarse con el recluso Oscar “cabezón” Díaz, quien está implicado en actividades criminales.
El incidente investigado ocurrió el 1 de junio de 2022, cuando Monges, presuntamente bajo la autorización de Cruz, logró acceder al penal en Orán, donde se reunió con Díaz. La fiscalía sostiene que este acceso irregular representa una violación a los protocolos de seguridad y un posible abuso de autoridad.
En el marco de esta causa, también está imputado Ángel Sarmiento, exdirector de Políticas Penales de Salta, acusado de abuso de autoridad y revelación de secretos. La elevación a juicio para Sarmiento ya fue solicitada en 2023, pero ahora la atención se centra en las posibles responsabilidades de Cruz.
La solicitud de juicio refuerza el compromiso de las autoridades de Salta en la investigación de presuntos actos de corrupción en el sistema penitenciario, un esfuerzo que busca transparente y fortalecer la seguridad en la provincia.
En un plenario legislativo encabezado por el vicegobernador Antonio Marocco y el titular de Diputados, Esteban Amat, autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público respaldaron el proyecto de reforma del Código Procesal Penal impulsado por el Ejecutivo. Destacaron avances en oralidad, digitalización y eficiencia del sistema penal.
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El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó a 7 años de prisión a Daniel Fernando Aponte, un empleado judicial del Distrito Judicial del Sur, por su rol como líder de una red de tráfico de 23 kilos de marihuana. También fueron condenados con penas de 6 años de cárcel sus cómplices, Darío Antonio Peralta y Ángel Guido Luna, quienes fueron encontrados culpables del mismo delito.
El desplazado titular de la ANDIS busca definir su estrategia en la causa en la que se investiga el supuesto pago de sobornos en el organismo de discapacidad.
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