
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que era "inadmisible" el recurso extraordinario que llegó por vía de la queja al máximo tribunal.
Conversaciones que se expusieron en el juicio ameritan una investigación. La persona tendría problemas de adicción. Hay un abogado en la trama.
JUDICIALES25/11/2024En el juicio por el crimen de Darío Monges no solo se expuso el posible uso de permisos oficiales del Ministerio de Seguridad para traficar drogas durante la pandemia, sino también la utilización de otros recursos del Estado para hechos que ameritan una profunda investigación ante la posible comisión de graves delitos.
En agosto de 2022, un mes antes de ser asesinado, Monges contó con la colaboración de dos policías para ingresar a la casa de Juan Manuel Castilla (supuestamente con problemas de adicción) en una vivienda en Valle Escondido, sin ninguna orden judicial. “El operativo Castilla” consistía en sacarlo ilegalmente de la provincia y llevarlo a Tucumán a un centro especial, supuestamente por pedido del padre, Carlos Castilla. Esta acción quedó revelada en los chats entre Monges y su amigo Maximiliano Montaldi, abogado que también testificó en las audiencias que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 1 desde julio, en las que juzgan a Roberto Catalino Bejarano y a sus hijos David y Santiago por el crimen de Monges.
El pedido
Castilla (padre) era cliente de Montaldi y, según se desprende de las conversaciones a las que accedió El Tribuno, Carlos dio acceso al domicilio donde estaba su hijo. El 1 de agosto de 2022, a las 22:46, Monges comentó que estaba en la terminal con los dos policías (para ir a Valle Escondido).
La conversación de WhatsApp también expone que Monges le informó a su amigo sobre el ingreso al hospital (sería el Ragone) a las 23:10. “Mañana Nacho lo ve y lo deja listo para viajar a Tucumán como pediste. Son 300 gambas, fueron 3 días de laburo de seguimiento, y logrando el objetivo. Lo de Nacho después vemos qué dice. Mañana te veo”, le escribió Monges a Montaldi.
Al día siguiente, el 2 de agosto, Monges le avisó a Montaldi que estaba llegando a Salta, a las 20:50, y también le pidió que no se olvidara de pagarle a “los cana”. Hasta ahora, nadie investigó quiénes son los policías que participaron en esta acción, y la Justicia debería intervenir para determinar si se trató de una posible privación ilegítima de la libertad.
El precio
A las 20:57, Montaldi escribió: “No te preocupes. Mañana lo llamo a Carlos y que él llame a la oficina para que me den esa plata”. Luego agregó: “Cuando llegues, mandame mensaje diciéndome que recién llegás de Tucumán, que en total todo sería 400 mil, 150 pa mí, 250 pa vo”.
Monges le planteó: “Y los efectivos policiales culia, cada vez te vas más arriba y no les pagamos a ellos”.
El 3 de agosto, a las 8:45, Montaldi le respondió: “Me dijiste 20 para cada uno”. Cabe recordar que se hace referencia a dos años atrás.
Publicado por FM Profesional y El Tribuno
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que era "inadmisible" el recurso extraordinario que llegó por vía de la queja al máximo tribunal.
El operativo, encabezado por la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos, derivó en el secuestro de un semirremolque cargado con mercadería no perecedera. La intervención se inició con la denuncia de un comunicador social que vinculó los productos con una presunta maniobra de clientelismo político.
Las propietarias de la agencia turística se encuentra detenidas en la Alcaidía. Durante las audiencias, una de ellas optó por declarar, mientras que su hermana mantuvo el silencio.
La situación de la candidata a diputada Laura Thomas, dejó en evidencia la complicidad con la política del juez Mario Dilascio luego de una resolución judicial que ahora fue apelada por el Fiscalía de Estado que aseguró que esta acción constituye “un abuso de poder judicial” y “una estafa directa al erario público”.
Llegó acusado de varios hechos ocurridos en esa ciudad y tras haber aceptado su participación en los mismos, deberá cumplir reglas de conducta para mantener la condicionalidad de la pena impuesta.
Fue encontrado responsable como autor de los delitos de lesiones leves agravadas por la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género (dos hechos), amenazas, hurto, daños, y desobediencia judicial. Por estos hechos, se le impuso la pena de un año y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.
La situación que vivía la menor fue develada en el ámbito escolar. Allí contó que su medio hermano la sometió a actos de abuso sexual desde que tenía 10 años, intentando obtener su silencio con ofrecimientos de dinero.
El 11 de mayo, los salteños acudirán a las urnas en el marco de las Elecciones Legislativas 2025 para elegir diputados, senadores, concejales y convencionales. También se definirá la intendencia de Aguas Blancas. El uso de la Boleta Única Electrónica y el voto obligatorio marcarán una jornada clave para la democracia provincial.
Se presentó formalmente el programa ante el Poder Judicial y se capacitó a equipos técnicos para iniciar el acogimiento familiar temporal en ambas localidades del sur salteño.
Un menor fue demorado tras ser vinculado al robo de una bicicleta que finalmente fue hallada en la Terminal de Ómnibus. Además, su madre entregó herramientas que también habrían sido sustraídas. El Juzgado de Menores ordenó su traslado a un centro especializado.
Tras la trágica muerte de Eugenio “Pitu” Ruiz en un siniestro vial, familiares, amigos y vecinos convocan a una marcha pacífica este viernes frente a la municipalidad de Metán. El pedido es claro: justicia y conciencia para evitar que tragedias como esta se repitan.
El candidato a concejal aseguró que no se siente representado por determinadas ideologías políticas por lo que armó su propia agrupación municipal que ahora está adherida a un frente electoral.
Con aulas satélite en barrios, contexto de encierro y un fuerte arraigo comunitario, la institución sigue apostando a la educación como herramienta de transformación social.
El operativo, encabezado por la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos, derivó en el secuestro de un semirremolque cargado con mercadería no perecedera. La intervención se inició con la denuncia de un comunicador social que vinculó los productos con una presunta maniobra de clientelismo político.