Redacción
Vecinos y afectados señalan que, mediante el fideicomiso Antártida Argentina, se vendieron repetidamente los mismos lotes a diferentes compradores, todos con documentación que lleva la firma de Graciela Galíndez.
Uno de los casos más notorios es el de Érica Mamaní, quien compró un terreno en 2008 y cuenta con un boleto de compraventa firmado por la escribana. A pesar de haber pagado la totalidad del terreno y de no haberlo vendido nunca, Mamaní fue desalojada tras una orden judicial que favoreció a nuevos compradores, quienes también poseen papeles firmados por Galíndez.
Decenas de familias afectadas
Según el concejal de San Lorenzo, Juan Pablo Dávalos, en diálogo con medios locales, esta situación no es aislada. En esa línea precisó que en el barrio San Rafael se han identificado al menos 20 casos similares, con escrituras mellizas y múltiples familias reclamando ser propietarias del mismo terreno.
Los principales señalados por las maniobras fraudulentas son los hermanos Cardozo y Víctor Méndez, quienes habrían vendido repetidamente los mismos terrenos. “La jueza desalojó directamente a Érica Mamaní, que tiene boleto de compraventa en mano, mientras que los verdaderos estafadores gozan de libertad. Esto debería ser al revés: Mamaní debería estar en la casa que compró hace más de 20 años”, expresó Dávalos a Radio Cadena Infinito. El concejal también apuntó contra el abogado Nicolás Corregidor, quien representa a los nuevos compradores y trabaja en el área de Personas Jurídicas del Gobierno provincial. “Siempre trabajando en el gobierno, siempre del lado de los que estafan”, señaló.
Dávalos aseguró que tanto Galíndez como los operadores del fideicomiso Antártida Argentina, continúan actuando impunemente, amparados por su vinculación con el Estado. “En este gobierno, si tenés algo turbio en tu currículum, te llaman a trabajar”, ironizó. Los vecinos de San Lorenzo también cuestionaron la falta de intervención del Colegio de Escribanos de Salta y de las autoridades judiciales. Hasta el momento, no se han tomado medidas contra Galíndez ni contra los responsables directos de las estafas, mientras las familias afectadas enfrentan desalojos y quedan en la calle.
Las familias afectadas y los vecinos exigen que la justicia investigue a fondo estas irregularidades y que se responsabilice a quienes llevaron a cabo las maniobras fraudulentas, además de una reparación por los daños causados y evitar que más personas sean víctimas de este sistema de estafas que opera desde hace décadas.
Fuente Nuevo Diario
