Juan Cruz Gorosito
La Sala III del Tribunal de Impugnación, en feria y a cargo de la jueza María Edith Rodríguez, dio por rechazados los recursos interpuestos por la defensa del exjuez Claudio Alejandro Parisi, del abogado Roberto Ortega Serrano y del empleado de la Defensoría de Violencia de Género Héctor Manuel Alderete, confirmando así la prisión preventiva impuesta por sentencia del titular del Juzgado de Garantías 1 de Orán, Raúl López.
En la causa mencionada, el recientemente destituido juez de Garantías Claudio Parisi está siendo investigado por haber recibido dinero para beneficiar con el arresto domiciliario a César Daniel Martínez (a) Oreja, en la causa en la que se encontraba acusado de tentativa de femicidio de su ex pareja.
También se encuentran imputados y cumpliendo prisión preventiva el abogado de la matrícula Roberto Ortega Serrano, el empleado de la Defensoría de Violencia de Género de Orán, Manuel Alderete, y el ex Secretario del Juzgado de Garantías 2 de Orán, Maximiliano Germán Correa (quien cumple arresto domiciliario por problemas de salud). Según la imputación, los acusados actuaron como intermediarios para que el ex juez Parisi recibiera la suma de dinero a cambio del beneficio procesal concedido.
Cabe recordar que César Daniel Martínez fue acribillado con 12 balazos en la puerta del domicilio donde cumplía la prisión domiciliaria concedida por Parisi. Posteriormente, el exjuez negó la autorización para allanar los domicilios solicitados por la Fiscalía, con el objetivo de identificar a los autores del crimen, lo que fue uno de los motivos de su destitución.
César Daniel Martínez (a) Oreja era hermano del ex intendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo Martínez (a) Conejo, quien se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria, acusado de entorpecer la investigación del homicidio de su hermano, utilizando información facilitada de manera irregular por el ex magistrado Claudio Parisi y el abogado Roberto Ortega Serrano.
El Tribunal de Impugnación consideró que la Unidad Fiscal interviniente había reunido suficientes elementos de cargo para vincular en ese estado del proceso, a los imputados, con el paso de sumas de dinero a cambio de favores procesales en los expedientes que se encontraban a cargo del entonces juez, destacándose la evidencia digital extraída de los teléfonos celulares secuestrados. Además, se consideró que existían riesgos procesales, debido a la probabilidad de que los imputados reciban una pena de cumplimiento efectivo, lo que genera el peligro de fuga.
La prisión preventiva fue solicitada por la Unidad Fiscal interviniente, compuesta por los fiscales Mariana Torres, Daniela Murúa, Carlos Salinas y Daniel Espilocín.
