
El Gobierno Nacional disuelve por decreto el ENRE y el ENARGAS para crear un único ente regulador
El Gobierno firmó un DNU que reforma el sector energético. Disuelve los entes reguladores del gas (ENARGAS) y la luz (ENRE) y crea un único organismo.
El Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano indicó mediante un comunicado que “cualquier medida unilateral puede afectar la buena vecindad y la convivencia pacífica entre pueblos hermanos”.
PAIS27/01/2025El Gobierno de Bolivia expresó este domingo su preocupación ante el anuncio de Argentina de construir un alambrado de 200 metros en la frontera que comparten ambos países, específicamente en la localidad de Aguas Blancas, en la provincia de Salta, y la ciudad boliviana de Bermejo, en el departamento de Tarija.
Mediante un comunicado, la cancillería boliviana señaló que “los temas fronterizos deben ser tratados por medio de mecanismos de diálogo bilaterales establecidos entre los Estados para encontrar soluciones coordinadas a temas en común”. Asimismo, advirtió que “cualquier medida unilateral puede afectar la buena vecindad y la convivencia pacífica entre pueblos hermanos”.
El plan contempla la construcción de un alambrado que se extenderá desde la terminal de buses hasta los puestos de control del Puerto de Chalanas, en la localidad de Aguas Blancas, en la provincia de Salta, en la frontera con Bolivia. La medida fue anunciada por Adrián Zigarán, interventor de Aguas Blancas, quien aseguró que la iniciativa responde a una solicitud del Ministerio de Seguridad del Gobierno argentino encabezado por Javier Milei.
Zigarán explicó que el objetivo es evitar el paso irregular de personas hacia las chalanas —embarcaciones pequeñas que conectan ambos países por el río Bermejo—, obligándolas a transitar exclusivamente por las oficinas de migraciones.
“El plan es generar un cerrojo en forma de L, donde gendarmes y militares de la Prefectura Naval eviten que las personas circulen hacia el sur de la terminal; obligándolas a recorrer el perímetro del alambrado hacia las oficinas de Migraciones”, indicó Zigarán.
Frente a esta situación, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia informó que solicitará información oficial mediante los canales diplomáticos correspondientes para evaluar las acciones pertinentes.
“Bolivia continuará apoyando el diálogo constructivo como la vía para solucionar los asuntos de común interés”, concluyó el comunicado.
Reacciones en Bolivia
El ministro de Justicia boliviano, César Siles, calificó la decisión como una vulneración de los principios de convivencia pacífica y una posible contravención a los tratados internacionales.
“Consideramos que el mandato del presidente de Argentina es vulneratorio de los principios más elementales de la convivencia pacífica en el nivel internacional. Esto iría en contra de los tratados internacionales”, declaró Siles, quien también solicitó que organismos como las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) se pronuncien sobre el asunto.
“Tanto Naciones Unidad y la Organizaciones de Estados Americanos deberían conminar estas determinaciones, esperamos que solo sea un anuncio y no algo real. Esperemos que el presidente de Argentina pueda reflexionar”, agregó.
El presidente boliviano, Luis Arce, se había comprometido anteriormente a mantener relaciones diplomáticas firmes con Argentina, pese a las diferencias ideológicas con el gobierno de Milei.
Sin embargo, las tensiones entre ambos países han ido en aumento, especialmente tras las acusaciones realizadas en abril de 2024 por la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, sobre la supuesta presencia de grupos armados iraníes en Bolivia cerca de la frontera.
“Argentina y el gobierno del presidente Milei ha tomado una decisión que es estratégica e histórica, que es no jugar a medias tintas, sino jugar claramente del lado occidental democrático del mundo. Y esto implica una decisión que, pensada históricamente va a traer muchos réditos a la Argentina. Si uno lo quiere mirar desde la perspectiva de la seguridad, yo diría que hoy el continente latinoamericano es un continente que no está fuera de la zona de problemas que puede tener la realidad de Medio Oriente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos células de Hezbollah en la Triple Frontera: Argentina, Paraguay y Argentina, donde tenemos activado el comando de la Triple Frontera”, explicó entonces Bullrich.
Durante una entrevista con medios locales, la funcionaria argentina denunció que “Hezbollah tiene células en Chile, en Iquique, tiene células que se descubrieron el año pasado pero dos se escaparon a San Pablo”. Y añadió: “Tiene células en la triple frontera. Personas que envían dinero. Por supuesto que todo aquello que nosotros descubrimos inmediatamente judicializados”, puntualizó.
El Gobierno firmó un DNU que reforma el sector energético. Disuelve los entes reguladores del gas (ENARGAS) y la luz (ENRE) y crea un único organismo.
El Ejecutivo planea eliminar o transformar organismos clave como parte de su política de reducción del Estado. Vialidad Nacional, la CNRT y la ANSV dejarían de existir en su forma actual. Gendarmería y Economía asumirían sus funciones.
La brutal caída de temperaturas disparó la demanda de gas a niveles históricos y generó cortes de suministro en estaciones de GNC e industrias, incluso con contratos en firme. El Gobierno activó un comité de emergencia y restringió exportaciones mientras se expone una vez más el déficit estructural del sistema energético.
A través del decreto 439/2025, se confirmó que la soja volverá a tributar el 33% y el maíz el 12%. El trigo y la cebada mantendrán la baja temporal hasta marzo de 2026.
Según un informe del Gobierno, la pobreza en Argentina disminuyó significativamente en el primer trimestre de 2025, alcanzando el 31,7%, mientras que la indigencia se ubicó en el 7,3%. El descenso se atribuye a políticas económicas orientadas a estabilizar la economía y a las transferencias directas a los sectores más vulnerables.
Mediante un decreto de necesidad y urgencia, el Gobierno nacional aprobó una segunda modificación del presupuesto prorrogado para 2025. La medida busca asegurar la continuidad de servicios claves como salud, educación, seguridad y subsidios a las tarifas de luz y gas, además de atender las obligaciones de la deuda pública.