Siddartha Viajes: Nuevos allanamientos, ampliación de imputación y prisión preventiva

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, amplió provisionalmente la imputación contra dos mujeres de 36 y 53 años de edad por la presunta comisión de estafas reiteradas (70 hechos), en concurso real.

Con esta ampliación, la acusación total contra las imputadas abarca 176 hechos de estafas reiteradas, en concurso real.

Cabe recordar que la investigación se inició a raíz de las denuncias radicadas por presuntos damnificados en la adquisición de paquetes de viajes al exterior, en moneda extranjera, a través de la agencia de viajes Siddartha Viajes. A medida que avanzan las tareas investigativas de la Unidad Fiscal, se obtuvieron nuevos elementos de interés para la causa.

En la ampliación del decreto de imputación, la fiscal Salinas Odorisio sostiene que el engaño es perpetrado por las imputadas al expresarles a las víctimas que realizarían sus viajes soñados, entregando itinerarios, recibos, tickets y/o reservas de los servicios turísticos, todo lo cual produjo el error en el que incurrieron las víctimas, quienes confiaron en las palabras de las dos hermanas y socias. Como consecuencia, los afectados realizaron disposiciones patrimoniales a favor de la agencia de viajes involucrada. Asimismo, la fiscal señala que se configura el dolo en la conducta de las acusadas, quienes, con pleno conocimiento y voluntad de engañar mediante manifestaciones falsas, actuaron con el propósito de obtener un lucro indebido.

Nuevos allanamientos

En el marco de la causa, se realizaron nuevos allanamientos a cargo del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), durante los cuales se secuestró folletería vinculada a la firma“Altura Inmobiliaria”, cuya identidad visual y logos coinciden con los de la agencia de viajes Siddartha.

Con el objetivo de verificar si dicha inmobiliaria fue utilizada como pantalla anexa a la agencia de viajes para realizar maniobras ilegales y ocultar el flujo de dinero, según lo denunciado por diversos damnificados de Siddartha, se llevó a cabo un exhaustivo relevamiento de medios digitales y de información de dominio público.

Continuidad de prisión preventiva

Este jueves 13 de febrero, la fiscal penal de la UDEC representó al Ministerio Público Fiscal ante el Juzgado de Garantías 4, en la audiencia flexible y multipropósito, presidida por el juez Diego Rodríguez Pipino, quien resolvió que las dos acusadas continúen cumpliendo prisión preventiva.

En los fundamentos de su decisión, el Juez sostuvo que el enfoque investigativo del Ministerio Público Fiscal tiene sustento suficiente para justificar la necesidad de avanzar en la causa y esclarecer los hechos denunciados.

Asimismo, afirmó que el planteo del Ministerio Público Fiscal está sólidamente fundado para solicitar una medida restrictiva de la libertad, subrayando que dicha solicitud debe complementarse con la evaluación de dos circunstancias esenciales: el peligro de fuga y el riesgo de entorpecimiento de la investigación.

El magistrado agrego que un factor que refuerza el  riesgo de entorpecimiento, es la existencia de depósitos de dinero cuyo destino se desconoce, lo que constituye un eje central de la investigación del MPF como elemento básico del proceso, sumado a los allanamientos y testimonios aún pendientes, elementos que se pueden tener como válidos en estas circunstancias.

El juez concluyó que, por el momento, es necesario mantener la decisión de restricción de la libertad, debido a las diligencias que se están llevando a cabo para cumplir con el artículo 230 del Código Procesal Penal de la provincia. En este sentido, afirmó que la forma de garantizar lo dispuesto por el Código Procesal Penal es a través de una revisión constante, y dispuso que se reanalice en el término de dos meses, teniendo en cuenta la cantidad de denuncias y la posibilidad material de que la fiscalía especializada reúna una actividad procesal significativa, lo que permitirá analizar nuevamente las circunstancias y definir la situación procesal en dicho plazo.

Concluyó que, por el momento, es necesario mantener la decisión de restricción de la libertad, debido a las diligencias que se están llevando a cabo para cumplir con el artículo 230 del Código Procesal Penal de la provincia. En este sentido, afirmó que la forma de garantizar lo dispuesto por el Código Procesal Penal, es a través de una revisión constante, y dispuso una revisión en el término de dos meses, teniendo en cuenta la cantidad de denuncias y la posibilidad material de que la Fiscalía especializada reúna una actividad procesal significativa, lo que permitirá analizar nuevamente las circunstancias y definir la situación del proceso en dicho lapso.