El 26, 27 y 28 de mayo de este año se llevará a cabo en la Sala I un juicio contra cinco profesionales del Hospital Joaquín Castellanos de General Güemes. Eduardo Elgidio Villagra y Roberto Francisco Farías están imputados por abandono de persona con grave daño en la salud e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real.
JUDICIALES 31/03/2021 Redacción
Marcelo Quiroga, Jorge Barni García y Alejandro Esteban Cortés Bellomo, en tanto, serán juzgados por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El juicio había sido programado en principio para el 7, 11 y 12 de mayo, pero la fecha fue modificada debido a que el juez Federico Javier Armiñana Dohorman, vocal de la Sala I, integrará de manera interina el tribunal de la Sala VII, que tendrá a su cargo del 3 al 21 de mayo el juicio por el caso Jimena Salas.
Por el Ministerio Público intervendrá el fiscal de General Güemes, Gabriel González. La defensa de los imputados estará a cargo de Mario Fernando Valle (Villagra), Ricardo Daniel Loutayf y Fabio Miguel Núñez Najle (Farías y Cortés Bellomo) y Jorge Antonio Causarano (Quiroga y Barni García).
En representación de la víctima, en la parte querellante y actoría civil, intervendrá Pedro Arancibia.
Al momento de los hechos, Jorge Barni García se desempeñaba como gerente general del Hospital Joaquín Castellanos de General Güemes. Marcelo Quiroga era gerente de Atención a las Personas y Alejandro Esteban Cortez Bellomo, jefe de Guardia.
Roberto Francisco Farías era obstetra en el nosocomio y Eduardo Elpidio Villagra, el anestesista.
Los imputados serán juzgados por un hecho ocurrido en junio de 2015. El 17 de ese mes, Marta Eugenia Braga llegó al hospital de General Güemes con contracciones y problemas de presión. La mujer cursaba la semana 38 de su embarazo y tenía los controles médicos realizados en forma normal. Por falta de anestesista, fue derivada a Salta. En el trayecto, la paciente sufrió el desprendimiento de placenta, lo que ocasionó que el bebé naciera sin vida.
El requerimiento fiscal de elevación a juicio sostiene que el deceso se produjo porque no se le practicó a la paciente la cesárea de urgencia que su condición médica requería.
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