Juan Cruz Gorosito
El fiscal general Carlos Amad informó sobre una investigación en curso que involucra un presunto esquema fraudulento en el otorgamiento de pensiones por discapacidad en las provincias de Salta y Jujuy. Según sus declaraciones, el perjuicio para el Estado superaría los mil millones de pesos en apenas cuatro años.
Amad criticó la actuación de funcionarios públicos y profesionales de la salud, señalando que en muchos casos se emitieron certificados falsos o directamente no se presentaron, lo que constituye un delito desde el inicio del trámite.
Uno de los focos más escandalosos del caso se encuentra en Taco Pozo, donde se habrían detectado entre 640 y 680 pensiones irregulares en una localidad de apenas 9.200 habitantes. "Parece que entraron en guerra por la cantidad de discapacitados que aparecieron", ironizó el fiscal.
Si bien reconoció que el proceso de auditoría afecta a beneficiarios legítimos, Amad sostuvo que es la única manera de que la ayuda estatal llegue realmente a quienes la necesitan. “Estoy muy preocupado por esa gente que hace largas colas”, expresó.
El fiscal también sugirió que la verificación de los certificados médicos se realice en hospitales públicos descentralizados como los de Orán, Tartagal o Metán, para facilitar el control y evitar futuras estafas.
