
Sáenz advirtió que sin federalismo real “las provincias van a quedar muy complicadas”
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Cristian Achaval, titular del ANSeS de Metán, formalizó la denuncia penal contra los legisladores Carlos Zapata y Emilia Orozco por el aporte irregular de parte de su sueldo para la Libertad Avanza. Días atrás había circulado un audio donde quedaba al descubierto la maniobra.
POLÍTICA16/06/2025El pasado jueves, se filtró un audio de una conversación entre Cristian Achaval, titular de la UDAI Metán de Anses, y Ricardo Ortega, apoderado de Ahora Patria.
En la charla, Ortega solicita a Achaval que entregue el 5% de su sueldo de Anses. El argumento es que se deben sostener los gastos de la Casa de la Libertad de Salta Capital.
Tras la viralización del audio, Nuevo Diario pudo confirmar que se radicó la denuncia por extorsión. Los acusados son los diputados nacionales de La Libertad Avanza, Emilia Orozco y Carlos Zapata, y el propio Ortega.
Se espera que la denuncia sea tomada por la Justicia Federal, ya que Anses es un organismo nacional.
Una grabación que circuló en todos los medios
Una grabación que se expuso en varios medios luego de que fuera difundida en FM Infinito, revela un supuesto pedido sistemático de aportes económicos —calculados como un porcentaje de los sueldos— que recae sobre empleados relacionados al partido. La conversación, entre Achaval y Ricardo Ortega, quien cumpliría funciones como recaudador del espacio libertario, deja al descubierto el mecanismo.
Achaval comenta que le había solicitado a “Alfredo” (por Olmedo) unos meses de gracia para no pagar los aportes, mientras Ortega responde que es él quien “cobra todo” y que el porcentaje solicitado es del 5%, cuando antes era del 10%. Durante el diálogo, Ortega asegura que “las chicas” le mandan los recibos de sueldos, y que todos “cobran muy bien”, justificando así el cobro del aporte. Nombra a Achaval y a Gustavo Pantaleón —ex diputado provincial y referente local del espacio— como los únicos que no estaban cum-pliendo con los pagos. Sobre este último, aclara que “lo renunciaron”.
Otro fragmento relevante del audio señala que “la casa de La Libertad Avanza” tiene gastos ele-vados, y que se necesitan reunir alrededor de $1.500.000 para afrontar el alquiler y otros costos.
Ante la consulta de Achaval sobre cómo transferir el dinero, Ortega ofrece dos opciones: llevarlo a la oficina o transferirlo a una cuenta del partido Ahora Patria, con el que LLA tiene alianza en Salta. La revelación del audio provocó un fuerte revuelo interno en el espacio político salteño, aunque ningún referente consultado por el programa radial quiso brindar declaraciones al respecto.
El silencio predominó pese a la gravedad del contenido, que podría configurar una práctica coercitiva incompatible con la ley. El caso pone bajo la lupa la transparencia y legalidad del financiamiento interno del partido libertario, y que va en sintonía con otras denuncias por manejo irregular de fondos de “distintas cajas”, en otros puntos del país y que se hicieron públicas.
La Justicia deberá ahora determinar los pasos a seguir y corroborar si se trata de un delito de acuerdo a los antecedentes.
Con la caída del consumo y la baja coparticipación, Sáenz pidió unidad entre gobernadores para garantizar equilibrio fiscal y social.
El jefe de la delegación local de ANSeS, Cristian Achaval, denunció que en la Libertad Avanza le requieren un porcentaje de su sueldo a modo de “aporte”. Una situación similar ocurrió con funcionarios kirchneristas en PAMI en Salta y fueron condenados por la Justicia.
El exgobernador de Salta cuestionó duramente el fallo de la Corte Suprema contra la expresidenta y denunció un proceso judicial viciado desde sus inicios. Su pronunciamiento se suma a las reacciones del peronismo tras la confirmación de la sentencia en la causa Vialidad.
Su abogado, Gregorio Dalbón, ya denunció ante la Corte Penal Internacional una “persecución política, judicial y mediática” contra la ex presidenta. Tras el fallo de la Corte Suprema, tienen seis meses para elevar una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Tras el fallo de la Corte Suprema, el Tribunal Oral deberá convocarla para que quede detenida. Una opción es que le fije un día para que se presente en Comodoro Py. También se deberá definir su lugar de detención. Se esperan presentaciones de la Fiscalía y la defensa.
Todas las miradas están puestas en la reunión de acuerdo que el máximo tribunal mantendrá en la mañana del martes. El peronismo y los sindicatos están en alerta.