La quinta jornada del juicio expuso maniobras para ingresar elementos al penal, eludiendo controles. Exinternos apuntaron a personal penitenciario como parte del circuito ilegal y uno denunció que, tras declarar, fue golpeado y aislado durante 60 días.
SALTA09/08/2025
Juan Cruz Gorosito
En el quinto día de la audiencia de debate en el que son juzgados ocho funcionarios del Servicio Penitenciario, internos de la Unidad Carcelaria 1 y familiares, la Unidad Fiscal -integrada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales penales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto– llamó a prestar testimonio a seis personas.
En primer lugar lo hizo un sargento ayudante, encargado de elaborar informes a partir de las grabaciones de las cámaras de seguridad del Servicio Penitenciario, de la información obtenida tras la apertura de celulares secuestrados (realizada por personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales) y de la transcripción de escuchas telefónicas.
En una de las grabaciones de la Unidad Carcelaria 1 se observa a un efectivo del Servicio Penitenciario ingresar tres cajas de pizza por la oficina de Atención al Ciudadano. Las imágenes siguientes lo muestran en la sección Alcaldía, sin pasar las cajas por el scanner. Luego desaparece de la cámara en un punto ciego durante 20 segundos; al reaparecer, pasa las cajas por el scanner y recorre pasillos internos del penal hasta llegar al pabellón K, donde ingresa a una oficina con el cartel “Jefatura”. Allí, un interno entra con una bolsa. Minutos después, se suma un jefe de pabellón. Permanece con ellos unos 22 minutos y luego se observa al interno salir con una bolsa blanca que contenía una caja de pizza.
El testigo señaló que los involucrados fueron identificados por la Dirección de Inteligencia del Servicio Penitenciario.
En cuanto al contenido de los celulares secuestrados en los allanamientos, el analista mostró fotografías encontradas en la galería de uno de los dos teléfonos incautados, madre de un interno. En las imágenes se observó una transferencia por $40.000, sustancias estupefacientes, una balanza y capturas de una conversación de WhatsApp en la que se hablaba de drogas.
El testigo también indicó bajo qué nombres estaban guardados los contactos en los teléfonos y qué tipo de comunicación mantenían entre sí. Precisó que la información se obtuvo mediante el entrecruzamiento de datos y oficios judiciales, y que la intervención se realizó sobre los IMEI de los aparatos, no sobre líneas telefónicas.
Luego declaró un exinterno de la Unidad Carcelaria 1, actualmente alojado en otro penal. Aseguró conocer a todo el personal del Servicio Penitenciario e identificó, por apodos, a quienes ingresaban drogas, celulares y comida, que luego entregaban a un interno encargado de comercializarlos. “El Servicio lo hacía trabajar para ellos”, afirmó.
“Muchísimas veces realicé transferencias para comprarle al ‘Gordo’ comida, celulares y drogas. Ahí adentro podés comprar de todo: pasta, marihuana, carne, comida, conducta y concepto”, relató. Sostuvo que vio personalmente a un jefe de pabellón entregar un celular a un interno y que, hace varios años, un familiar suyo pagó $15.000 a uno de los acusados para que ingresara otro.
El testigo pidió no volver a la Unidad Carcelaria 1 por temor. Denunció que, tras declarar en la UDEC en enero de 2024 y regresar al penal fue golpeado y el jefe de Seguridad Interna lo castigó con 60 días de aislamiento por hablar en contra del Servicio Penitenciario. Ante esto, la Unidad Fiscal solicitó remitir la denuncia a la Fiscalía de Derechos Humanos y que el hombre permanezca en su alojamiento actual. El Tribunal, integrado por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Aranibar, hizo lugar al pedido.
El tercer testigo del día fue otro exinterno, quien contó que comenzó a consumir drogas en el penal y que conseguirlas es sencillo: “Le preguntás a cualquier interno y te consigue”. Explicó que pagaba pidiéndole a su madre que transfiriera el dinero a los alias que le pasaban, diciéndole que era para comprar madera o comida.
También declaró el exsubdirector de la Unidad Carcelaria 1, Gabriel Ángel, quien relató que, al asumir el cargo, intentó acceder a las evaluaciones de los detenidos y a los beneficios otorgados por el Consejo Correccional, pero comprobó que no existían actas y que, durante 2022, se había concedido un número importante de beneficios. Identificó a uno de los acusados como secretario de Actas.
Tras la declaración de otros dos testigos, el Tribunal levantó la sesión hasta el próximo lunes, a las 8.
También prestaron testimonios investigadores de la Unidad Fiscal contra la Narcoriminalidad, quienes expusieron los roles que desempeñaban los acusados en la venta de estupefacientes dentro del penal.
Tras visitar el Centro Cultural América, Mitre 23, la visita de los Santos Patronos continúa en instituciones de la sociedad civil, universidades y centros de salud en agosto y septiembre.
Desde hoy, médicos, enfermeros y psicólogos, reforzarán el trabajo que vienen realizando los profesionales del centro de salud barrial. Para ello, se instalará un puesto de emergencia.
Durante la jornada, seis imputados solicitaron ejercer su derecho a declarar. La Unidad Fiscal pidió medidas estrictas para proteger a testigos vulnerables y evitar represalias dentro y fuera del penal.
Continúa el trabajo de guardias preventivas, mientras los equipos del Gobierno provincial y municipal realizan los relevamientos para brindar la ayuda necesaria. El Gobernador instruyó que se conforme un Comité de Crisis para canalizar la asistencia de acuerdo al grado de urgencia.
El subsecretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana, Ernesto Flores, detalló uno de los incendios más complejos que afectó la capital salteña ayer. El hecho ocurrió en la Ampliación 20 de Junio, donde se registró la quema de 36 casillas.
