Juan Cruz Gorosito
Este lunes, el Gobierno promulgó la Ley 27.793, que declara la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, tras el rechazo del Congreso al veto impulsado por el presidente Javier Milei. La decisión se concretó mediante el Decreto 681/2025, publicado en el Boletín Oficial.
Pese a su promulgación, la norma no entrará en vigor de inmediato. El Ejecutivo decidió postergar su aplicación hasta que el Congreso de la Nación determine de dónde saldrán los recursos necesarios para financiarla. Según estimaciones oficiales, la creación de nuevas pensiones y programas asociados implicará un gasto superior al 0,35 % del PBI.
El texto del decreto recuerda que, de acuerdo con la Ley de Administración Financiera, toda ampliación de gastos debe contar con fuentes específicas de financiamiento. Para el Ejecutivo, el Congreso omitió precisar ese punto, lo que obligó a suspender la aplicación de la norma.
Aun así, la publicación en el Boletín Oficial obliga al Gobierno a reconocer formalmente la vigencia de la ley, aunque sin efectos prácticos hasta que se resuelva la cuestión presupuestaria. “La reasignación de partidas no constituye una fuente concreta, específica, actual y suficiente”, advirtió el documento oficial.
En paralelo, el Ejecutivo dispuso una readecuación del Presupuesto 2025 que refuerza los fondos destinados a la Agencia Nacional de Discapacidad. Esa medida comenzará a regir el 1° de octubre y apunta a dar respuesta a los reclamos de actualización de los prestadores del sistema, mientras la aplicación plena de la ley sigue en suspenso.
