Separan a 21 policías por la desaparición de más de 60 millones de pesos secuestrados por la Justicia

Veintiún efectivos de la Brigada de Investigaciones N° 2 de Orán fueron separados de sus funciones luego de que se detectara la desaparición de una importante suma de dinero que había sido secuestrada meses atrás por orden judicial. El hecho salió a la luz anoche y derivó en una investigación penal y otra administrativa paralela.

Según confirmaron fuentes oficiales, la suma bajo resguardo ascendía a 62,5 millones de pesos, correspondientes a un procedimiento realizado en abril de este año por un robo, con intervención de la Fiscalía de Orán. El dinero estaba almacenado en dependencias de la Brigada, a disposición de la Justicia, a la espera de ser devuelto a sus propietarios.

La irregularidad se descubrió cuando, al disponerse la restitución de los fondos, se constató la ausencia de al menos la mitad del total. La Fiscalía Penal 1 de Orán, a cargo de Daniela Murua, intervino de inmediato para investigar el faltante.

El jefe de la Policía de Salta, Miguel Ceballos Bustos, explicó que, al tomar conocimiento de la situación, se dio aviso inmediato a la fiscalía de turno. “Inmediatamente se informa sobre lo ocurrido y se dispone la suspensión preventiva de todo el personal de la Brigada para garantizar la transparencia de la investigación”, señaló.

En la unidad especial trabajaban 20 efectivos y un oficial responsable del secuestro del dinero, quien había sido trasladado recientemente a Pichanal. “Todos fueron suspendidos de manera automática. En su lugar, trasladamos personal de otras brigadas para hacerse cargo de las actuaciones y de los detenidos que se encontraban allí”, agregó el jefe policial.

La medida, explicaron desde la fuerza, busca evitar cualquier interferencia en el proceso judicial. “Cuando se detecta una irregularidad de esta magnitud, la prioridad es preservar la credibilidad de la institución”, sostuvo Bustos.

Uno de los oficiales fue detenido por disposición de la fiscal Murua, quien lo imputó por hurto calificado con llave retenida, en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según la causa, el imputado habría retenido una de las llaves del cofre donde se guardaba el dinero, lo que le permitió acceder a los fondos y sustraer parte del monto sin autorización.

Durante las diligencias, la fiscal ordenó el secuestro del teléfono celular del acusado, además de otros elementos considerados de interés para la investigación. También se realizaron pericias en la dependencia y se tomaron declaraciones a distintos efectivos.

Desde el Ministerio Público Fiscal no descartaron nuevas imputaciones ni ampliaciones de la causa conforme avancen las pericias. “Hay contradicciones en los testimonios y demoras injustificadas en la ejecución de la orden judicial”, indicaron fuentes cercanas a la investigación.

En paralelo, la Dirección de Asuntos Internos abrió un sumario administrativo para determinar las responsabilidades disciplinarias de los uniformados que prestaban servicios en la Brigada. “No vamos a permitir este tipo de hechos. Los efectivos involucrados fueron suspendidos hasta que se establezca la verdad judicial”, enfatizó Bustos.

Fuentes del Ministerio de Seguridad recordaron que, durante la actual gestión del ministro Gaspar Solá Usandivaras, se han concretado 25 exoneraciones y 20 bajas en trámite, como parte de un proceso de depuración interna destinado a reforzar la confianza ciudadana en las fuerzas de seguridad.

El escándalo en Orán vuelve a poner en foco los mecanismos de control interno y la custodia de bienes judicializados dentro de las fuerzas policiales, en un contexto donde la transparencia institucional aparece como un desafío urgente.