La justicia federal de Salta avanza en una causa por presuntas maniobras irregulares en el otorgamiento de pensiones por discapacidad en Joaquín V. González. La investigación, que surgió a partir de un caso similar en Chaco, ya suma 22 sospechosos, 17 allanamientos y un perjuicio millonario al Estado.
ANTA23/10/2025
Juan Cruz Gorosito
La jueza federal de Garantías N°2 de Salta, Mariela Giménez, declaró “compleja” una investigación que busca esclarecer un presunto fraude en el otorgamiento de pensiones no contributivas por discapacidad en la localidad de Joaquín V. González. La medida se tomó tras el pedido del fiscal general Carlos Martín Amad, quien encabeza la causa desde la Unidad Fiscal Salta.
Hasta el momento, hay 22 personas investigadas y se realizaron 17 allanamientos en los que se secuestraron 8 millones de pesos, además de abundante documentación y dispositivos electrónicos que están siendo sometidos a peritajes.
Durante la audiencia, la magistrada también rechazó un planteo de la defensa de dos de los implicados, que había solicitado acceder al legajo de investigación. Tanto la jueza como el fiscal coincidieron en que, según lo establece el artículo 230 del Código Procesal Penal Federal, la defensa sólo podrá acceder al expediente una vez formalizada la investigación penal.
El fiscal Amad explicó que todos los investigados fueron notificados y que la investigación se inició en mayo de 2024, al detectarse maniobras irregulares similares a las descubiertas un año antes en la localidad chaqueña de Taco Pozo, donde también intervino como fiscal subrogante. En ese expediente, abierto en febrero de 2023, ya hay 14 personas procesadas, entre ellas funcionarios públicos, médicos, gestores y autoridades locales.
Según detalló el representante del Ministerio Público Fiscal, ambas causas comparten un modus operandi que incluye la participación de profesionales de la salud y gestores que habrían facilitado la obtención indebida de beneficios sociales. En el caso salteño, uno de los médicos implicados también aparece mencionado en la investigación chaqueña.
Amad anticipó que se analizan cerca de 10 mil expedientes de pensiones, lo que da cuenta del posible alcance del fraude y del impacto económico que podría haber tenido sobre el Estado Nacional. La investigación continúa con tareas periciales y cruces de información para determinar la magnitud total del perjuicio y las responsabilidades individuales de los involucrados.
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