Avanza la causa por trata sexual de alumnas en Salta y se analiza una reparación millonaria para las víctimas

La investigación sigue en etapa de instrucción y todavía no tiene fecha de juicio. Hay ocho imputados, la mayoría detenidos, y la Justicia evalúa el rol de un menor de edad. Se analizan pruebas clave y se prevé un resarcimiento económico de gran magnitud.
SALTA23/01/2026Juan Cruz GorositoJuan Cruz Gorosito

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La causa que investiga una presunta red de trata sexual que captaba alumnas de colegios secundarios en la provincia de Salta continúa en etapa de instrucción y, por el momento, no tiene fecha prevista para el inicio del juicio. Fuentes judiciales confirmaron que el expediente sigue en plena fase de análisis probatorio, con el objetivo de robustecer la acusación y avanzar hacia una eventual reparación integral de las víctimas.

Hasta el momento, ocho personas se encuentran imputadas en la causa: seis de ellas permanecen detenidas, mientras que las dos restantes cumplen prisión domiciliaria. En paralelo, la Justicia evalúa la situación procesal de un noveno involucrado, menor de edad y compañero de algunas de las víctimas, ante la posibilidad de que haya actuado también en condición de víctima y sea finalmente sobreseído.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, ya se realizaron la mayoría de las entrevistas en cámara Gesell, consideradas clave para la reconstrucción de los hechos. Además, continúa el peritaje de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos secuestrados durante los procedimientos, en los que los investigadores habrían hallado elementos relevantes que refuerzan la hipótesis acusatoria.

Una vez concluida la etapa de instrucción, el Ministerio Público Fiscal deberá formalizar la acusación, paso indispensable para que la causa sea elevada a juicio. En ese marco, se prevé solicitar una reparación económica para las víctimas, orientada a resarcir el daño sufrido.

Según la información recabada, el monto de la reparación sería millonario, teniendo en cuenta que el expediente involucra a más de una decena de víctimas y que la evaluación del daño contempla no solo el perjuicio inmediato, sino también el impacto a largo plazo en su desarrollo personal y en sus proyectos de vida. Para garantizar el eventual pago, la Justicia ordenó la inhibición general de bienes de los imputados.

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