Juan Cruz Gorosito
La decisión del Gobierno nacional de dar de baja el programa Volver al Trabajo comenzó a mostrar sus efectos en Salta, donde 52.739 personas dejaron de percibir el ingreso mensual de $78.000 que, en muchos casos, representaba el único sustento del hogar.
De acuerdo a un informe elaborado por el ISEPCi, el impacto se amplía si se considera el grupo familiar de los beneficiarios: entre 158 mil y 211 mil salteños se ven afectados por la pérdida de este ingreso, lo que profundiza la situación de vulnerabilidad en distintos sectores.
El golpe también se siente en la economía cotidiana. Según el relevamiento, cada mes dejan de circular más de 4.100 millones de pesos en la provincia, lo que proyectado a lo largo del año representa una caída cercana a los 49.364 millones. Se trata de recursos que anteriormente se volcaban directamente al consumo básico en barrios y comunidades.
Ese dinero estaba destinado principalmente a la compra de alimentos, el pago de transporte, gastos de salud y la continuidad educativa. Por eso, comerciantes y feriantes ya comienzan a percibir una retracción en las ventas, especialmente en pequeños negocios.
El programa alcanzaba a trabajadores informales, cooperativistas y feriantes, con un fuerte impacto en mujeres que sostienen solas a sus familias. Para muchos beneficiarios, no existía otra fuente de ingresos.
El informe también alerta sobre consecuencias sociales más amplias: menor acceso a alimentos, dificultades para sostener la escolaridad y la postergación de controles médicos. En paralelo, crece la demanda en comedores y merenderos, que deberán asistir a más familias sin un aumento proporcional de recursos.
En este contexto, especialistas advierten que el mercado laboral local no tiene capacidad inmediata para absorber a las más de 52 mil personas que quedaron fuera del programa, lo que agrava el escenario social en la provincia.
