Juan Cruz Gorosito
En respuesta a una serie de amenazas de bomba, tiroteos y episodios de vandalismo en establecimientos educativos, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, oficializó el Decreto N° 772/7 M.S., una normativa que endurece las medidas de prevención y sanción en el ámbito escolar.
El instrumento ratifica las facultades del Ministerio de Seguridad y de la Policía provincial para intervenir de manera preventiva ante situaciones que alteren el orden público o el normal desarrollo de las clases, tanto dentro como en las inmediaciones de las instituciones.
Uno de los puntos más sensibles del decreto apunta a las autoridades escolares. Directivos de establecimientos públicos y privados serán considerados responsables directos del cuidado de los alumnos durante la jornada. En caso de comprobarse incumplimientos ante situaciones de desorden o amenazas, las instituciones podrán ser sancionadas con la pérdida de subsidios o aportes económicos del Estado provincial.
La normativa también establece medidas estrictas para los estudiantes involucrados en hechos de violencia. El Ministerio de Educación fue instruido para aplicar sanciones inmediatas, que incluyen la posibilidad de expulsión del sistema educativo durante el ciclo lectivo vigente.
Además, se determina la responsabilidad de los padres o tutores legales, quienes deberán responder administrativa y judicialmente por los daños ocasionados por los menores, incluyendo la reparación económica de perjuicios materiales.
En los casos de mayor gravedad, el decreto contempla que los menores involucrados puedan ser trasladados a un establecimiento socioeducativo, previa intervención judicial.
La medida, que ya se encuentra en vigencia, busca contener el creciente nivel de conflictividad en las escuelas y reforzar la seguridad en el ámbito educativo provincial.
