Redacción
En un fallo que sacude el tablero político provincial y redefine la tensa relación entre el peronismo local y la conducción nacional de Cristina Fernández de Kirchner, la jueza federal María Servini dispuso la intervención judicial del Partido Justicialista (PJ) Distrito Salta.
La medida, que desplaza de manera inmediata a los interventores enviados desde Buenos Aires —Sergio Berni y María Luz Alonso—, se fundamentó en el preocupante "vaciado institucional" del distrito y calificó las sucesivas prórrogas de las intervenciones nacionales como un "mecanismo abusivo" que se dilató en el tiempo sin generar actos concretos de normalización. En su lugar, la justicia entronizó a José Luis Napoleón Gambetta como el nuevo interventor judicial encargado de conducir el proceso de transición.
Gambetta asume el cargo con el desafío de equilibrar la mística militante con los ajustados plazos del calendario electoral. En sus primeras declaraciones, el flamante interventor judicial fijó una postura tajante respecto a su hoja de ruta:
“El mandato que voy a cumplir es llamar a elección respetando los tiempos procesales, por supuesto, lo más rápido posible”.
Para el nuevo conductor, la vía de las urnas es la única salida válida para que el PJ salteño recupere su peso histórico y vuelva a "marcar el rumbo social, político, económico y cultural de la provincia".
Al ser consultado sobre el complejo trasfondo de divisiones que arrastra el partido, Gambetta prefirió bajar el tono a las "fricciones" que exponen los medios nacionales, definiendo la crisis interna como "una cuestión de contradicciones entre todos los protagonistas". Su diagnóstico es pragmático: "Llamando a elecciones, vamos a solucionar todos estos problemas, y deben participar todos. Yo no voy a tachar absolutamente a nadie".
Sin embargo, en los pasillos de la dirigencia salteña flota el interrogante de si la mera apertura de las urnas bajo tutela judicial será suficiente para saldar heridas políticas tan profundas.
Uno de los aspectos que mayor expectativa genera en el plano local es la promesa de una convocatoria amplia y sin exclusiones. Buscando diferenciarse del estilo de las gestiones de Berni y Alonso, Gambetta resaltó una actitud conciliadora hacia los sectores desplazados y reveló un buen diálogo inicial con el exinterventor local: “Pablo Kosiner puso todo a disposición, le agradezco muchísimo”.
El nuevo interventor insistió en que las puertas están abiertas para todas las vertientes internas:
“Aquí tienen que estar todos, tienen que participar todos los que quieran, porque creo que esa es la base de que el partido se fortalezca de nuevo y que tenga el prestigio que siempre ha tenido”.
La definición más fuerte del nuevo interventor caló hondo en la dirigencia tradicional y fue interpretada tanto como una invitación como una advertencia para los sectores más alineados con el Instituto Patria. Gambetta dejó en claro que la identidad doctrinaria debe primar sobre las etiquetas de los últimos años, enviando un mensaje directo sobre las jerarquías internas:
“El Partido Justicialista está por encima de todas las denominaciones, inclusive del kirchnerismo… es la madre de todas las ramificaciones”.
Con esta premisa, la intervención judicial abre una etapa donde la estructura del peronismo salteño buscará recentralizarse en sus bases tradicionales, intentando rescatar a la "gente de buena voluntad que quiere un partido en movimiento", pero bajo un sello nítidamente local y autónomo de las decisiones metropolitanas.
