Redacción
La Cámara de Diputados de Salta dio media sanción a un proyecto de ley que prohíbe a policías y agentes públicos difundir imágenes o videos de operativos, procedimientos e investigaciones sin contar con una autorización judicial previa. La iniciativa, que se aprobó tras un intenso debate sobre los límites éticos y legales en la gestión pública, busca resguardar las garantías constitucionales de los ciudadanos y ahora aguarda su tratamiento en el Senado provincial.
El eje central de la propuesta radica en la protección de la privacidad y el principio de presunción de inocencia. Los legisladores argumentaron que la viralización masiva de material audiovisual —muchas veces difundido antes de que exista una resolución judicial firme— genera una estigmatización social difícil de revertir para personas que aún no han sido juzgadas.
Durante la sesión, el recinto se convirtió en escenario de fuertes críticas hacia el intendente de la Ciudad de Salta, Emiliano Durand. El jefe comunal fue señalado por la práctica recurrente de publicar procedimientos realizados en la vía pública a través de sus redes sociales personales, las cuentas oficiales del municipio e incluso en medios de comunicación de su propiedad.
Para ejemplificar los riesgos de esta modalidad de comunicación, se expuso el caso de una joven que fue expuesta públicamente en redes tras dar positivo en un test de alcoholemia, procedimiento en el cual luego se terminó confirmando que el resultado se debió a un falso positivo.
La diputada Laura Cartuccia, impulsora del proyecto de ley, advirtió sobre el impacto desmedido que han adquirido las plataformas digitales como herramientas de exposición pública. La legisladora enfatizó la necesidad de poner un freno institucional antes de que el perjuicio hacia el ciudadano sea irreversible: “En muchos casos, el daño a la persona ya está hecho cuando finalmente se demuestra que no cometió ningún delito”.
De completarse el circuito legislativo y sancionarse la ley en la Cámara Alta, la normativa establecerá un límite estricto sobre la gestión de contenidos digitales por parte de las fuerzas de seguridad y funcionarios públicos de toda la provincia, obligando a que la comunicación institucional quede subordinada estrictamente al debido proceso y las garantías judiciales.
La norma que roza los estándares de censura, se suma a la decisión de los diputados de no permitir que los periodistas presencien los debates en el recinto de la Legislatura ya que son ubicados en un palco y sienten temor de que vean las pantallas de sus celulares al momento de la sesión. En varias oportunidades se detectaron hasta legisladores jugando con el teléfono en medio de debates que son cada vez más banales carentes de contenidos y con proyectos rebuscados para poder cumplir al menos con una presentación.
